Desde 1982 la Constitución prohíbe la reelección presidencial y un supuesto afán reeleccionista se utilizó incluso para justificar el derrocamiento del presidente Manuel Zelaya en 2009. Pero hay una diferencia importante entre las elecciones de este domingo y todas las celebradas en Honduras en los últimos 36 años, es decir, desde el regreso de la democracia en 1981, según BBC Mundo.
Desde 1982 la Constitución prohíbe la reelección presidencial. Pero eso no le impide al actual presidente, Juan Orlando Hernández —una de las figuras clave del congreso que destituyó a Zelaya— repetir como candidato.
Y el hecho de que su principal rival sea la autodenominada Alianza de Oposición en contra de la Dictadura dice mucho acerca del clima político del que impera en el país centroamericano.
Son cuatro las claves para entender el proceso electoral del país más desigual del continente americano y uno de los países más violentos del mundo.
1. El regreso de la reelección después de 35 años
La participación del presidente Juan Orlando Hernández en los comicios es, sin ninguna duda, el aspecto más polémico de todo el proceso. Las autoridades insisten en que el regreso de la reelección es evidencia del nuevo nivel de madurez de la democracia hondureña, pero la oposición la presenta como un primer paso de regreso a las dictaduras del pasado.
Y más allá del rol protagónico de Hernández en la destitución de Zelaya por supuestamente querer reelegirse, muchos destacan también la dudosa legalidad del proceso que permite buscar un segundo mandato. La reelección está prohibida en Honduras desde 1982.
“Fue un proceso bastante irregular, desde el principio hasta el final”, dijo a BBC Mundo Carlos Dada, el periodista salvadoreño ganador del premio Maria Moors Cabot, el de mayor antigüedad que se entrega en el campo del periodismo, que estará cubriendo los comicios para el portal digital El Faro.
Como explica Dada, el camino a la reelección de JOH —como acostumbran llamar los medios a Hernández— fue allanado no por una reforma constitucional, sino por una sentencia de la Corte Suprema de Justicia.
“Fue un decreto loquísimo, que declara inconstitucional la Constitución”, valora Dada. Y, según el periodista, para conseguir la sentencia a su favor, JOH primero maniobró para destituir a cuatro magistrados opuestos a la reelección “mediante una triquiñuela”.
La oposición hondureña sostiene que la reelección misma de Hernández constituiría un fraude. El gobierno, sin embargo, asegura que las acusaciones en su contra son pura estrategia de campaña, mientras que Hernández ahora defiende el derecho del pueblo hondureño a decidir a quién quiere como su presidente sin restricciones previas.
“Yo he sido de los que he propuesto que debemos limitar la reelección una sola vez en Honduras y como prueba de ello mandamos el proyecto al Congreso y la oposición no quiere”, aseguró en una entrevista con el diario La Tribuna publicada esta semana.
2. Las sospechas de fraude
El control que el presidente Hernández y su Partido Nacional ejercen sobre las diferentes instituciones del Estado también ha afectado la credibilidad del árbitro de los comicios. Y esto puede crear problemas graves, especialmente si la del domingo termina siendo una contienda cerrada: “Hay una cosa muy peligrosa, que todo el mundo está acusando de fraude al otro y no hay un árbitro creíble”, alerta Dada.
“El Tribunal Supremo Electoral no es lo más creíble y ha estado jugando claramente a favor de una de las fuerzas políticas que es la de JOH”, considera Dada, “de hecho, el proceso casi ha sido descalificado de antemano por los dos principales contendientes (de Hernández)”.
Efectivamente, el candidato de la Alianza de Oposición, Salvador Nasralla, ha amenazado con desconocer los resultados en caso de victoria de los nacionalistas, asegurando que la misma solo sería posible gracias a un fraude. Nasralla viajó a Estados Unidos en septiembre para compartir con legisladores estadounidenses las supuestas pruebas de las trampas que afirma se están preparando.
Mientras que el candidato del Partido Liberal, Luis Zelaya, también denunció públicamente “manoseos” en el padrón electoral para tratar de favorecer al partido del actual gobernante, entre otras irregularidades. “El Tribunal Supremo Electoral no me merece ninguna credibilidad”, dijo Zelaya.
Las acusaciones han sido desestimadas por el presidente del Tribunal, David Matamoros, mientras que el presidente Hernández insiste en que son parte de la estrategia de una oposición que se sabe perdedora.
“Ya tienen un discurso escrito para el día de las elecciones, eso en los pueblos lo llamamos curarse en salud”, declaró el mandatario, quien también aseguró que el del domingo será “el proceso más observado de la historia”.
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3. El regreso de Mel Zelaya
El expresidente Manuel “Mel” Zelaya no participa en los comicios como candidato, pero es el coordinador de la Alianza de Oposición contra la Dictadura. Y un buen resultado de la Alianza confirmaría su regreso al primer plano de la política hondureña, a ocho años después de su derrocamiento y seis de su regreso definitivo al país.
El partido Libertad y Refundación (Libre), fundado por Zelaya en 2011, ya se posicionó como la segunda fuerza política del país en las elecciones de 2013, con la esposa del exmandatario, Xiomara Castro, como candidata a la presidencia. Y tanto Dada como Ismael Moreno, el coordinador del centro de análisis Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras (ERIC), coinciden en identificar a la alianza electoral coordinada por Zelaya como la principal fuerza opositora del país.
Mientras Moreno prácticamente da por descontada la reelección Hernández, Dada no desestima completamente las posibilidades de la Alianza. “Si estás en Tegucigalpa, te quedas con la sensación de que la Alianza va a arrasar. Si vas a Amapala, o a otros lugares del interior, te quedas con la sensación de que solo piensan en un candidato, que es Juan Orlando”.
Luis Zelaya, del Partido Liberal, también se ha declarado confiado de su victoria. La lectura de Dada, sin embargo, es que el tradicional Partido Liberal, que durante décadas se alternó en el poder con el Partido Nacional, han quedado relegados a un tercer plano. “Su rol en esta elección se reduce a quitarle votos a la Alianza”, valora el periodista salvadoreño.
Y una segunda elección consecutiva con los liberales en tercer lugar confirmaría no solo la vigencia de la nueva opción política impulsada por su antiguo presidente, Mel Zelaya, sino también el rediseño definitivo del mapa político hondureño.
4. El modelo de país: entre el “narcoestado” y las ZEDE
Las elecciones definirán el futuro a mediano plazo de uno de los países más violentos de Centroamérica, que también es el más desigual de los países latinoamericanos. Hernández se presenta como el candidato de la continuidad de un gobierno que presume de haber logrado una reducción importante en los niveles de violencia y de haber convertido a Honduras en un destino cada vez más atractivo para la inversión extranjera.
Pero muchos ven con preocupación la renuncia de soberanía detrás de su proyecto estrella —las llamadas Zonas Especiales de Empleo y Desarrollo (ZEDE)—, así como los cada vez más evidentes vínculos de prominentes figuras de su Partido Nacional con el crimen organizado.
Acusaciones de narcotráfico penden tanto sobre familiares del presidente Hernández y como sobre los de su antecesor, Porfirio lobo. El caso más sonado es el del hijo del expresidente hondureño, Porfirio Lobo, quien está siendo juzgado por tráfico de cocaína en Nueva York. Pero hasta el hermano de JOH ha sido implicado por el grupo de narcotraficantes conocidos como Los Cachiros.
Aunque, en su defensa, el gobierno de Hernández hace notar que fue bajo su mandato que se empezaron a hacer efectivas las extradiciones de narcos a Estados Unidos “La lucha contra el crimen organizado se ha intensificado. Y ahí están las capturas y las extradiciones para probarlo”, dijo a BBC Mundo el ministro de Gobernación y Justicia de Honduras, Leonel Ayala.
Mientras que Dada también hace notar que a raíz de lo que se está ventilando en los tribunales de Nueva York, no solo el Partido Nacional parece estar implicado. “No te puedo decir si una victoria de la Alianza cambiaría las cosas, porque nunca los he visto gobernando. Pero te puedo decir que cuando Mel Zelaya gobernaba ya habían muchas avionetas aterrizando en Honduras cargadas de droga”, apunta Dada.
En lo que el periodista salvadoreño sí está seguro de que habría un cambio es en el modelo de desarrollo basado en una agresiva inversión privada impulsado por Hernández que tiene su máxima expresión en las ZEDE, territorios autónomos que se beneficiarían de una generosa política fiscal y en los que policía y tribunales estarían en manos de inversionistas privados.
“Esta es una visión que se puso en marcha cuando parecía ser la única opción para Honduras, porque estaba absolutamente aislada después del golpe de Estado”, dice Dada, para quien el impulso de estas alianzas público-privadas no ha hecho sino agravar los numerosos conflictos sociales que afectan al país.
Según el exdirector de El Faro, la oposición de las principales organizaciones sociales del país a estos asocios y a los proyectos de las ZEDE —y su consiguiente oposición al gobierno de JOH— los ha llevado a convertirse en importantes aliados políticos de la Alianza, que ha prometido derogarlos.
Finalmente, ambas fuerzas también ofrecen visiones radicalmente diferentes del combate a la violencia, con el oficialismo —que presume de una importante reducción en la tasa de homicidios— prometiendo mantener al ejército en las calles.
Las cifras parecieran avalar la estrategia del gobierno: de acuerdo a los datos del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OVUnah), divulgados el 6 de noviembre, en el primer semestre del año hubo una reducción del 21,2% en comparación con el mismo período en 2016.
“Entre enero y junio del año pasado se registraron 2.574 casos y este año 2.029, lo que son 545 menos”, dijo su directora, Migdonia Ayestas, a BBC Mundo. Pero no todos confían en las cifras oficiales. Y Dada destaca el altísimo nivel de “violencia dirigida” que existe en Honduras; un problema en el que las fuerzas de seguridad a menudo son más parte del problema que de la solución, como en el caso de la activista ambiental Berta Cáceres.