La justicia ha decidido llevar a juicio al vicepresidente sin funciones Jorge Glas, por la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, en un caso de asociación ilícita. Lo ha hecho al contrastar las evidencias entregadas por Estados Unidos, Brasil…, y colaboradores cercanos del entorno de su tío, Ricardo Rivera, que habría actuado de intermediario ante la empresa. Es el caso del primer alto cargo en funciones de un país de la región que es juzgado por un tema que ha sacudido los hilos de la política de América Latina.
Glas, en el camino, se ha ido quedando solo con un discurso un poco hueco, el de pregonar su inocencia con la acusación de que es un perseguido por la empresa brasileña; es decir, argumentar que Odebrecht tiene en Ecuador todo el poder para manipular la justicia, una justicia en la que el anterior gobierno, del que fue pieza clave, metió las manos luego de ganar el sí en una consulta popular con un mínimo margen.
¿Cómo la justicia tan alabada por el anterior gobierno como un ejemplo de independencia en América Latina y el mundo pudo haber cambiado tanto en tan pocos meses? ¿Cómo esa justicia, que ahora es tildada tácitamente de vendida a una multinacional, pasó de proba a institución de dudosa reputación? ¿Cómo pudo cambiar tan pronto si el Consejo de la Judicatura es el mismo? El mismo que sacaba procesos inmediatos contra jueces que fallaran contra el Estado.
La descalificación sirve de poco a la hora de defenderse en un caso donde hay pruebas sobre la entrega de millones de dólares por debajo de la mesa, ¿para qué? Odebrecht también es un caso político, sí, pero porque la política metió sus manos ahí, porque la política dejó que una multinacional fuera parte del escenario político de un país. No porque la empresa todavía tenga el poder para perseguir a quien les benefició. Tuvo el poder para amenazar a medios de comunicación que denunciaron sus irregularidades, pero porque se creía cobijada por un manto de impunidad. Algo que solo otorga el poder político y más todavía cuando controla el poder judicial.
Hay decenas de funcionarios públicos del anterior gobierno señalados por este caso, muchos están presos, otros prófugos. Más que líricas declaraciones que intentan convertir un caso de corrupción en un caso de persecución política lo que se deberían presentar son pruebas. ¿Dónde están los maletines de dinero que recibió el tío en una suite de un hotel de Quito como muestran los videos? ¿A dónde fue a parar ese dinero? ¿Dónde está el dinero que se movió desde empresas off shore? ¿Por qué un familiar suyo pudo actuar a sus anchas sin que nadie se diera por enterado?
A la justicia le corresponderá seguir la ruta del dinero, que siempre deja huellas, porque camina con la idea de que el dinero otorga poder y de que el poder otorga impunidad.