Varias organizaciones sociales anunciaron que pedirán el veto presidencial a la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, aprobada por la Asamblea en la madrugada del domingo.
Por unanimidad de los presentes, 102 votos, la Asamblea aprobó el proyecto de Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. José Serrano, presidente del Parlamento, ordenó a la Secretaría General que prepare inmediatamente el documento con el fin de enviar al Ejecutivo para su sanción u objeción.
Durante el debate de la propuesta intervinieron diez asambleístas, quienes propusieron algunos cambios, que, según Mónica Alemán, presidenta de la Comisión que estudio este cuerpo legal, fueron de forma, más que de fondo.
Con la propuesta se crea un Sistema Integral conformado por 16 instituciones de todas las Funciones del Estado, las que se encargarán de manera sincronizada de ejecutar acciones, planes, programas y políticas para la prevención, protección, atención y reparación de derechos.
La prevención se enfocará en el cambio de patrones culturales, con algunas acciones como la implementación de un programa nacional de transversalización de enfoque de género en la malla curricular de todos los niveles del sistema de educación formal. También se desarrollarán protocolos, modelos y planes institucionales; reeducación de la persona agresora, regulación de la difusión de contenidos comunicacionales, entre otras acciones.
En la atención se crearán lugares integrales especializados, se fortalecerán espacios físicos exclusivos, se garantizará la especialización de equipos multidisciplinarios, se implementarán políticas de incentivos socioeconómicos, redes de apoyo entre víctimas, y mejor calidad de los diferentes servicios.
Ana Cristina Vera, integrante de la plataforma ‘Vivas nos queremos’ y Elizabeth Falconí, de la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, aseguraron que la Ley incorporó “a última hora” textos que afectarían a las mujeres. Ambas indicaron que se introdujo en la sección de los “Considerandos”, los artículos 45 de la Constitución y 149 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que a criterio de Vera, implican restricciones de derechos.
“Una ley que pretende proteger a las mujeres no puede criminalizarlas en el mismo texto. Nos pareció terrible la forma en que se aprobó”, dijo. Según Falconí, se incluyó un artículo que obliga a “los adolescentes a ir a servicios de salud y justicia con sus tutores legales”. Para ella, esto es cuestionable. “Sabemos que en el Ecuador 6 de cada 10 denuncias de violación son de niñas menores de 14 años y el 90% de los casos sucede en las familias. Se está condenando así, a las niñas violadas a no recibir justicia y atención en los servicios, pues esto genera una barrera de acceso y de calidad”, dijo.
Falconí reconoció los avances en cuanto a derechos, pero reprochó los cambios aprobados por los legisladores en la Asamblea. “Muchos (asambleístas) no conocían ni tenían claro el texto final. A pesar de eso, votaron sí, sin estar seguros sobre lo que votaban. El apuro de aprobar la ley en una fecha emblemática”, dijo.
Vera aseveró que una ley de violencia siempre será esencial para la social porque es preventiva, como en educación y en los patrones socioculturales. “Exhortamos al presidente para que consecuente y coherentemente, en lo que él (Lenín Moreno) ha manifestado de respetar a las mujeres, a las niñas/os de abogar por una vida libre de violencia, vete esta ley”, dijo.