Con 71 a favor, 32 en contra, siete blancos y 17 abstenciones la Asamblea aprobó la Ley de Reactivación Económica, Fortalecimiento de la Dolarización y Democratización de la Gestión Financiera, enviada por el Ejecutivo con el carácter de económico urgente.
Durante el segundo debate se incorporaron varias observaciones, como reprogramar las deudas de los cantones fronterizos que se acogieron a la canasta transfronteriza. Y que la Junta de Regulación Monetaria y Financiera actúe, conjuntamente con representantes de la banca, para que exista una reducción de tasas en varios servicios, con el objetivo de entregar un incentivo a los clientes y fomentar el pago a través de medios electrónicos.
El manejo de instrumentos de medios electrónicos fue uno de los temas que ocuparon la primera parte del debate en el Pleno. Gabriela Larreátegui (Creo-Suma) cuestionó que el sistema de dinero electrónico se mantenga en el Banco Central, considerando que en sus manos no se han obtenido los resultados deseados.
“Fortalecer estos medios electrónicos era sustancial para el país, pero se retiró (de la banca privada) no por temas de fondo, sino por un discurso de ataque a los bancos”, cuestionó Larreátegui.
Los asambleístas oficialistas como Esteban Melo y Franklin Samaniego señalaron que el manejo del sistema no debe pasar a la banca privada y argumentaron que existen malos precedentes del sector como la crisis financiera de 1998. “No podemos ser ingenuos y entregar el dinero electrónico a la banca privada. A los bancos no les interesa el bienestar de los ecuatorianos, sino sus mezquinos intereses”, dijo Samaniego.
Para quienes producen cocinas de inducción, se les dará un crédito tributario sobre el Impuesto al Valor Agregado para que puedan comercializarlas. Se eliminó, además, la parte donde se permitía que se le pague al Banco Central con acciones de entidades financieras.
El legislador César Rohón dijo que el proyecto no reactiva la economía del país. Para ello, dejó entrever que impondrán una demanda de inconstitucionalidad y argumentó que se persigue imponer más impuestos.
“En este momento la ley no es para los políticos, sino para la sociedad. Por una cuestión de principios el país está más allá de la coyuntura. Es evidente que se hizo un gran esfuerzo, pues teníamos tres alternativas: archivar el proyecto, no tratarlo o legislar y se hizo lo último”, dijo Pabel Muñoz, presidente de la Comisión de Régimen Económico.