Para afrontar la magnitud del déficit programado para 2017 y el proyectado para los años siguientes, heredado por el gobierno del presidente Lenín Moreno, de su predecesor Rafael Correa, solo existen tres posibles soluciones: disminuir el gasto, aumentar los ingresos y recurrir a un nuevo endeudamiento externo.
En lo concerniente al gasto, a pesar de que el corriente ocupa la mayor parte de los egresos, de momento el equipo económico ha resuelto no tomar esa ruta, porque no puede ser menguado en el corto plazo. Desde luego, esta administración debería aspirar a lograrlo en el mediano plazo.
En cambio, sí es posible rebajar en corto tiempo el gasto de inversión, de ahí que el gobierno se ha decantado por esa alternativa. En un plano ideal esta medida nunca debería adoptarse, por ello cabe esperar que en un futuro cercano las tijeras se utilicen para recortar el gasto corriente y, en compensación, se aumente la inversión.
Otra opción para engrosar la caja fiscal es el endeudamiento, pero aquello ya no es posible porque el país ha llegado a su tope de endeudamiento. Descartada esta posibilidad solo queda atraer recursos a través de un incremento de las ventas del petróleo o por la vía de imponer cargas tributarias.
Pero subir las ventas del petróleo tampoco se puede, por todo el descalabro creado por el gobierno de Correa en ese sector, de tal modo que lo único que le quedaba al gobierno era echar mano al aumento de impuestos.
Frente a este panorama, el proyecto de Ley Orgánica para la Reactivación Económica, enviado hace pocos días a la Asamblea Nacional, tiene un claro fin recaudatorio, algo que no debería llamar la atención porque ese es el objetivo de toda propuesta tributaria ligada a un Presupuesto público.
Una vez que se encontró abocado a incrementar impuestos, el gobierno ha debido examinar con atención cuáles tributos puede aumentar con el fin de afectar a la menor cantidad posible de agentes económicos. Según voceros del frente económico, a la hora de diseñar el proyecto se tomaron en cuenta las sugerencias del Consejo Consultivo Productivo Tributario, creado como parte del diálogo nacional. Pero la realidad es otra, porque este órgano siempre se opuso al aumento de cargas y más bien planteó que el gobierno disminuya el gasto.
El escenario idóneo habría sido no aumentar impuestos sino, al revés, disminuirlos; sobre todo rebajar impuestos a las empresas en general, para incentivar la producción. También hubiese sido ideal reducir cargas a las personas naturales a fin de aumentar el ahorro.
La política pública se trata de lo que un gobierno hace o deja de hacer para favorecer al Estado y al mismo tiempo no desalentar la productividad. En este caso, Lenín Moreno se ha afanado en buscar a qué sector de la economía cargarle impuestos adicionales sin tener que desestimular la producción.
Así, desde un punto de vista teórico, epistemológico, la propuesta de reforma tributaria puede considerarse como un incentivo a la producción, debido a que no ataca directamente a las empresas ni coarta los estímulos que podrían tener los inversionistas para fortalecer la producción.
Desde el sector productivo, algunas voces cuestionan la propuesta del Ejecutivo con el argumento de que impacta el incremento de tres puntos al Impuesto a la Renta (pasa del 22% al 25%) que pagan las sociedades. Por supuesto que deben sentirse afectadas aquellas empresas que tienen grandes utilidades, porque el proyecto topa el margen de sus excedentes, sin embargo, esto no significa que vayan a entrar en quiebra.
Asimismo, el incremento del Impuesto a la Renta atado al número de cargas familiares de las personas con ingresos mensuales superiores a $3.000, es decir quien menos cargas tiene paga más, no impacta en la producción ni la desincentiva. El alza se orienta a desalentar el consumo por parte del 0,5% de la población económicamente activa con ese rango de ingresos y que tiene pocas cargas.
La medida, de ser aprobada, no implica que esas personas vayan a dejar de consumir, sino más bien mermará su capacidad de ahorro o su capacidad de invertir en artículos suntuarios. En contrapartida, la propuesta tiene la gran ventaja de no perjudicar al consumo del 99,5% de la población.
Para el gobierno, el escenario idóneo habría sido no aumentar impuestos sino, al revés, disminuirlos; sobre todo rebajar impuestos a las empresas en general, para incentivar la producción. También hubiese sido ideal reducir cargas a las personas naturales con el objetivo de aumentar el ahorro, porque eso también equivale a inversión. Sin embargo, como no está disponible otro mecanismo rápido para poder financiar el Presupuesto, se ha visto forzado a incrementar impuestos tratando de no afectar mayormente al sector productivo.
Definitivamente, el gobierno de Lenín Moreno no tenía otra opción frente al legado que recibió del gobierno anterior. Rafael Correa “no dejó la mesa servida”.