La Contraloría General del Estado fijó una glosa por $41 millones en contra de la exministra del Ambiente, Marcela Aguiñaga, y otros exfuncionarios de esa institución, por un “pago excesivo en la compra de terreno en Los Samanes”.
La actual asambleísta por Alianza País fue notificada este lunes 6 de noviembre de 2017 sobre la glosa establecida luego del examen especial # DAPYAF-007-2016 efectuado a la adquisición de 66 lotes de terreno de propiedad del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa), ubicados en Los Samanes, una zona de Guayaquil.
La responsabilidad civil culposa se extiende también a la entonces delegada del Ministerio del Ambiente, Mercy Borbor; el exsubsecretario de Gestión Marina y Costera, Manfred Altamirano; Patricia Serrano, exdirectora nacional de Asesoría Jurídica del MAE; José Noritz, exdirector general y representante legal del ISSFA y otros tres servidores relacionados.
En el informe se confirma la competencia legal que tenía el Municipio de Guayaquil para establecer un avalúo de $7,1 millones y no el Ministerio de Vivienda, que emitió un avalúo 616% superior, por $43,8 millones. La Contraloría indica que hasta el momento no se ha evidenciado compensación de dichos valores.
En la época en que se supo de esta negociación, el entonces secretario Jurídico de la Presidencia de la República, Alexis Mera, calificó de “error de buena fe” a la actuación de Aguiñaga. El expresidente Rafael Correa, tenía un criterio parecido.