El Presidente Lenín Moreno pidió al contralor Pablo Celi revisar la actuación de los jueces de la Corte Constitucional que retrasaron la calificación a la consulta popular y referendo, para que los ecuatorianos se pronuncien sobre siete preguntas, mientras los asambleístas del ala correísta presentaron una demanda para intentar bloquear la consulta.
Moreno dispuso “notificar al Contralor General del Estado, para que proceda de ser el caso, conforme lo establece en el último inciso del artículo 105 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, a imponer las sanciones administrativas a las que hubiere lugar, individualizando las responsabilidades correspondientes”.
Moreno remitió a la Corte Constitucional las 7 preguntas de su propuesta de consulta el 2 de octubre, para que los jueces analicen su constitucionalidad y autoricen el plebiscito. Sin embargo, 58 días después, el Presidente consideró que esa Corte no se pronunció dentro del plazo previsto en la Ley y pidió al CNE la convocatoria directa a consulta.
“Si la Corte Constitucional no resolviere la convocatoria, los considerandos y el cuestionario del referendo, dentro del término de veinte días siguientes a haber iniciado el respectivo control previo, se entenderá que ha emitido dictamen favorable. Esta omisión dará lugar a las sanciones administrativas que correspondan”, dice el artículo 105.
La sanción contemplada por una responsabilidad administrativa culposa de un funcionario público es la destitución, según el artículo 46 de la Ley de la Contraloría.