El pedido de destitución realizado por la Contraloría contra el vicepresidente sin funciones Jorge Glas, detenido en una cárcel de Quito, solo muestra el perverso sistema de persecución montado en diez años de correísmo con un control absoluto de todas las instituciones del Estado, obligadas a actuar sin ninguna independencia, porque desde la visión del expresidente residente en Bélgica, era no solo era presidente de la República sino el jefe supremo de todo el Estado: jefe de jueces, legisladores, autoridades de control…, de todo.
Solo hace basta recordar un caso bastante sencillo, cuando en la Contraloría estaba Carlos Pólit, ahora prófugo de la justicia por la red de sobornos montada por Odebrecht.
Corría el año 2012. La Contraloría pidió la destitución de los prefectos de Sucumbíos, Orlando Grefa (alejado de Sociedad Patriótica y cercano a AP), y de Cotopaxi, César Umaginga (de Pachakutik y parte de la oposición al gobierno de Correa). Los dos apelaron su destitución. Pero a Grefa, los consejeros aglutinados alrededor del movimiento oficialista le dieron tiempo para que apelara y siguió en su cargo.
Con Umaginga el procedimiento fue distinto. La viceprefecta Blanca Guamangate (alejada de Pachakutik) y siete alcaldes de AP y sus aliados lo destituyeron con una mayoría de 8 de 16 votos. Umajinga no tuvo tiempo de dilucidar la apelación que presentó ante el Tribunal Contencioso las acusaciones por supuesto nepotismo y presuntas fallas administrativas.
La sanción contra Grefa fue por omisión debido a obras inconclusas en seis sistemas de agua potable en comunidades del campo petrolero Libertador. El entonces prefecto correísta presentó las justificaciones y la sanción de la Contraloría quedó sin efecto. Grefa se había unido al gobierno y apoyado la consulta popular del 2011, en la que Correa pidió autorización para meter mano en la justicia, simplemente ese pedido de destitución no prosperó.
La vida da vueltas. Ahora todo ese aparato montado para perseguir a los opositores del correísmo, desde todas las instituciones del Estado, se ha revertido en su contra. Igual hay un pedido de destitución de la Contraloría contra Glas por confirmarse su responsabilidad administrativa culposa en el proceso de adjudicación del pozo petrolero Singue, y además le aplicó una multa de 5.840. Es decir, quedaría inhabilitado para ejercer un cargo público.
La multa contra Umajinga fue de $5.280.
Y todavía hay quien se queja desde Bélgica de que supuestamente hoy sí hay persecución política.
Como dice un viejo refrán, a veces la vaca se olvida cuando fue ternera.
Y todavía se quejan.