Las medidas contenidas en el plan económico anunciado por el presidente Lenín Moreno, apuntan a fortalecer el empleo y reducir el déficit fiscal.
Como se sabe, las dos variables básicas de la economía son inflación y empleo. Con el cambio del año base, aquella se mantiene en niveles aceptables, pero este no es el caso del empleo, por ello el gobierno ha resuelto enfocarse en ese flanco.
Detrás de todo esto se encuentra un déficit fiscal de alrededor del 8% del Producto Interno Bruto (PIB), de ahí que una de las metas es reducirlo de forma progresiva. Esto implica que el gobierno espera que las variables se ajusten paulatinamente.
Ahora, cuando los precios del barril de petróleo y otros commodities no se encuentran en el mejor momento, esta administración se ha decantado por el ajuste impositivo, es decir, jugar al “más menos”, con el fin de cuadrar las cuentas fiscales.
No había muchas opciones de las que echar mano, pues la reducción de impuestos (si hubiese tomado esa vía) aumentaría el déficit, y al gobierno no le quedaría más que esperar el tiempo que les tome a las empresas ser más rentables para que estén en capacidad de aumentar su contribución al Impuesto a la Renta (IR).
En este sentido, el presidente no solo decidió no eliminar el anticipo de este tributo, como pedían los empresarios, sino incrementó la carga del 22% al 25% (como regía hasta el año 2010). Los empresarios cuestionan la medida porque tendrán que desenvolverse en un entorno económico en el cual, de entrada, el próximo año les habrán subido tres puntos al IR.
El mandatario ha dicho que los recursos que se recauden por los tres puntos de incremento del Impuesto a la Renta se destinarán a la ejecución del programa Toda una Vida, que comprende vivienda, cuidado prenatal, nutrición infantil, educación de excelencia, empleo, jubilación universal, esto es un objetivo social que responde al modelo basado en la redistribución de los ingresos. Igual dirección tendrán los recursos por la aplicación del IR al décimo tercer sueldo de quienes ganan desde $3.001 mensuales.
Otra decisión directamente ligada al tema impositivo es la fijación de nuevos aranceles -con el argumento de proteger la industria nacional- y una tasa de control de 10 centavos de dólar para financiar la lucha de las aduanas contra el contrabando.
El gobierno no puede quedar de lado en este esfuerzo que le pide al sector privado. Le corresponde emprender una verdadera política de austeridad, porque hasta el momento, pese a los esfuerzos por ahorrar, aún no se observa una disminución real del gasto público.
No obstante, una manera efectiva de combatir la evasión pasa por aprobar una reforma a la Ley Orgánica de Aduanas con una normativa que incluya controles más firmes, porque es urgente acabar con este tipo de corrupción que deja al fisco sin percibir cuantiosos recursos. Una valoración aduanera debe ser exacta, no debe jugar a favor del importador ni en perjuicio del Estado.
Aunque las autoridades económicas dicen lo contrario, los empresarios aseguran que el gobierno no tomó en cuenta algunos aspectos acordados en las mesas de diálogo. Estimo que el régimen sí debió considerar algunas propuestas, así las medidas habrían estado más acordes con la realidad de este sector. Por ello, una vez que la economía se recupere del déficit fiscal y equilibradas las finanzas públicas, debería revisarse nuevamente el tema impositivo.
Representantes de la Cámara de Comercio y del Comité Empresarial han expresado su desacuerdo con las medidas señaladas, a las que han calificado de “tibias y contrapruducentes”. En todo caso, Moreno sí acogió la eliminación al anticipo del Impuesto a la Renta, pero solo de las empresas que registren ventas de hasta $300.000 al año. Esta decisión puede ser considerada como un impulso a las empresas medianas, pero excluye a las que no alcancen a facturar ese monto. Sin utilidad no hay devolución.
A las microempresas ya establecidas también se les ofrece un “pulmón” financiero al dejar de pagar el IR por sus primeros $11.000, igual que a los nuevos emprendedores que no pagarán impuestos por dos años, aunque este plazo debió ser más amplio porque la inversión demora en recuperar unos tres o cuatro años.
En relación al envío de una ley para repatriar capitales, cabe tener presente que la llegada de fondos externos se dará solo a través la inversión extranjera directa, lo cual pasa por tener seguridad jurídica y grandes proyectos de inversión.
Una política para atraer inversión extranjera directa debe sopesar todas las probabilidades. Por una parte, el gobierno tendría que preguntarse si es posible atraer grandes capitales de inversión con la vigencia del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), porque los inversores podrían tener reparos si a la hora de retirar sus capitales tienen que pagarlo. Por otro lado, el presidente ha resuelto mantener el ISD para no debilitar la dolarización.
La eliminación del impuesto a las tierras rurales es una medida beneficiosa, aunque debería estar acompañada de la entrega de ayudas financieras a los pequeños agricultores a fin de que el sector, igual que el comercio, la construcción y otros contribuyan a favorecer el PIB total.
Si la aplicación del plan económico ofrece los resultados que espera el gobierno habrá signos reales de recuperación. En macroeconomía, los efectos se miden pausadamente, en el tiempo. Hoy por hoy estamos casi en vísperas del cierre del último trimestre del año, de modo que habrá que esperar, al menos, otros tres más para que se ajusten las variables macroeconómicas.
El gobierno no puede quedar de lado en este esfuerzo que le pide al sector privado. En contrapartida, al régimen le corresponde emprender una verdadera política de austeridad, porque hasta el momento, pese a los esfuerzos por ahorrar, aún no se observa una disminución real del gasto público.
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