Las propuestas del Consejo Consultivo Productivo y Tributario entregadas al presidente Lenín Moreno son bastante lógicas, si consideramos que estamos intentando salir de un ambiente autoritario, de un gobierno que básicamente obedecía a la lógica de la imposición de los dictámenes de una tecnocracia burocrática que se presuponía estaba iluminada de mitos en contra de la empresa privada y el capital.
Es una manera de regresar a un ambiente de diálogo para poner sobre el tapete algunas políticas públicas que fueron creadas y orientadas a asfixiar la actividad productiva, con una reglamentación que hasta se debería calificar de coactiva.
Corresponde al Gobierno actual hacer la prelación de las propuestas, considerando un antecedente: el esquema que más ha castigado al aparato productivo es el relacionado con el tema impositivo tributario. Por ahí debería comenzar a desmantelar un modelo que estaba creado para apalancar un Estado obeso. La idea de flexibilizar el pago del anticipo del impuesto a la renta va en esa dirección.
El impuesto a la salida de divisas es un incentivo perverso para provocar exactamente lo contrario, pero penosamente no podrá ser desmontado de inmediato, por una sencilla razón: no hay una mesa servida del anterior Gobierno…
Pero también está el famoso impuesto a la salida de divisas, que lejos de ser un impedimento para la fuga de capitales se ha convertido en un incentivo para que no lleguen o regresen nuevos capitales al Ecuador. Una barrera infranqueable, que al decir de muchos analistas, descapitaliza la actividad productiva.
Los economistas usamos el principio de incentivos para medir los efectos de una medida económica, pues son una herramienta poderosa en la generación de la actividad empresarial. Ninguna empresa es posible sin que tenga claro cuál es el régimen de incentivos.
El impuesto a la salida de divisas es un incentivo perverso para provocar exactamente lo contrario, pero penosamente no podrá ser desmontado de inmediato, por una sencilla razón: no hay una mesa servida del anterior Gobierno, porque el endeudamiento, según algunos analistas, llega a los $80 mil millones si se suman todos los pasivos, como las preventas petroleras, las facilidades del Banco Central al Gobierno y otros pasivos y contingentes que tiene el Gobierno.
Una opción sería el desmantelamiento gradual de tanto impuesto, al fin y al cabo estaban matando a la gallina de los huevos de oro que es la empresa e iniciativa privada, aquí y en cualquier parte de mundo.
El momento que se elimine, así sea de forma gradual, un impuesto como el de la salida de divisas, los ecuatorianos decentes, que fueron obligados a llevar sus capitales a hacer inversiones en Colombia, Perú o Chile por la pesada carga impositiva, podrían volver al país al ver un ambiente más favorable.
Lo mismo sucedió en los años ochenta y noventa cuando se incentivó la fuga de capitales de entre $10.000 y $15.000 millones, debido a las pésimas políticas y excesos de los gobiernos de la época, porque penosamente el Ecuador está lleno de actores políticos con muchos prejuicios en contra de los empresarios, lo que nos ha provocado históricamente la descapitalización del país.
Ecuador ahora está saliendo de un entorno tan desfavorable para las empresas y la creación de riqueza, por tanto la única forma de capitalizar al Ecuador es permitiendo que la función empresarial se fortalezca. La empresa en un sentido general y amplio está en todo tipo de actividad, desde la que puede desarrollar una ONG sin fines de lucro hasta una actividad relacionada con la cultura, la música, etc. Si analizamos con sutileza, todas las actividades humanas tienen un tinte empresarial independientemente de su tamaño.
Cuando no hay políticas neutrales se fomenta el “capitalismo de amigos” que es básicamente mercantilismo pues quiere decir: A este le autorizo, al otro no. Esa forma de actuar no es capitalismo, es pseudo-capitalismo, pseudo-empresarialidad. El anterior Gobierno promovió pseudo-empresarios al protegerlos con licencias, permisos…
En el anterior Gobierno hubo un fuerte sesgo anti-empresarial porque se cargó de impuestos a cualquier actividad productiva, además de prohibiciones y obstáculos para el comercio y los intercambios de todo tipo. Una típica política anticompetitiva sesgada en contra de las empresas y que iba en esta dirección, era el entregar licencias a dedo. En el caso de la fibra óptica, por ejemplo, es claro que se formó un monopolio promovido por el Estado, con la política de tú entras pero ya no dejó entrar al resto. A eso le llamamos el capitalismo de compadres, que crea pseudo-empresarios.
Cuando no hay políticas neutrales se fomenta el “capitalismo de amigos” que es básicamente mercantilismo pues quiere decir: A este le autorizo, al otro no. Esa forma de actuar no es capitalismo, es pseudo-capitalismo, pseudo-empresarialidad. El anterior Gobierno promovió pseudo-empresarios al protegerlos con licencias, permisos y un cerco arancelario que impedía la entrada de nuevos actores a la economía. El bajo nivel de empleo es una consecuencia de tener políticas de protección solo para unos. Es el capitalismo de compadres que nos lleva a la formación de las nuevas oligarquías, contra las que ha luchado el pueblo ecuatoriano desde hace muchos años. Un capitalismo que no permite la competencia leal, sino que promueve la competencia desleal.
La principal causa de que países como Venezuela o Cuba estén en tan mala situación es la abundante reglamentación contra la acumulación de riqueza que elimina de plano toda posibilidad futura de hacer empresas, de innovar, de invertir en tecnología.
Ese maniqueísmo, esa forma de ver al mundo tan enraizada en el anterior Gobierno obviamente estaba ahogando la función empresarial.
Otro claro ejemplo del fuerte sesgo anti-empresarial está en la Ley de Plusvalía, que ni siquiera le rinde ingresos al Gobierno. Esta mala ley castigaba a la industria de la construcción y estaba descapitalizando al Ecuador. La principal causa de que países como Venezuela o Cuba estén en tan mala situación es la abundante reglamentación contra la acumulación de riqueza que elimina de plano toda posibilidad futura de hacer empresas, de innovar, de invertir en tecnología.
Cuando comenzó el siglo XXI, Ecuador tenía una buena normativa para el fomento de las tecnologías de información y comunicación, por tanto todas las actividades relacionadas con la ingeniería de sistemas, el hardware, el software, se miraban como herramientas clave para empujar a la sociedad a una actividad productiva más automatizada y nuevas fuentes de empleo y formación profesional. Se pensaba que eso daría lugar a nuevas ideas, a nuevas actividades productivas, a un nuevo conocimiento generado en el campo académico.
Pero de la noche a la mañana se eliminó esa normativa favorable para poner en su lugar obstáculos, tal el caso de volver a gravar con el IVA y otros impuestos a la adquisición de software y hardware, debido a tanta mitología anti-productiva de ideólogos que eran parte del gobierno anterior. Es clave la promoción de todo aquello que vaya con el avance tecnológico, que al fin y al cabo es una actividad humana, que permite mejorar las condiciones de vida de la población, alimentar a más gente y crear mayor productividad. Una de las estrategias para recuperar la economía será crear políticas neutrales que liberalicen la entrada de tecnología.
Las políticas favorables a la tecnología, a la innovación, al conocimiento básicamente eran promovidas con acciones directas del Estado en proyectos tipo Yachay, que como hemos visto han resultado ser un fraude. Habrá que hacer los ajustes ya, pues no podemos financiar con nuestros impuestos, actividades que no tienen ninguna viabilidad.
Es necesaria una nueva política laboral por lo tanto una reforma al Código de Trabajo que nació a la luz de un fuerte movimiento socialista en el Ecuador de los años 40 del siglo pasado. Es una norma muy antigua, anti-empresarial, fundamentada en la vieja doctrina de la lucha de clases.
La revolución ciudadana lo que hizo fue convertir a los ecuatorianos en una especie de servidumbre del Estado, enfermedad del siglo XXI, al haber pasado de ser explotados por una oligarquía a ser fagocitados por una poderosa burocracia.
El Gobierno podría regresar por los fueros que la propia Social Democracia, inicio en el país en los años 90: la flexibilidad laboral, sin permitir tampoco ciertos excesos como el caso de una empresa grande que no tenía ni un solo empleado y todo trabajador era subcontratado. Es necesaria una norma que permita al empresario dar empleo, incluso de tipo temporal, para atender actividades estacionales y a la gente que quiere trabajar, darle oportunidades de tener un empleo.
El socialismo del siglo XXI lo que hizo fue crear un Estado enorme, insostenible, que se llevaba hasta el 46% de la renta nacional, equivalente a casi cinco meses del trabajo de todas las familias ecuatorianas, si consideramos tanto la carga tributaria, de la seguridad social y la renta petrolera que es nuestra y que actualmente no llega al 10% del PIB.
La revolución ciudadana lo que hizo fue convertir a los ecuatorianos en una especie de servidumbre del Estado, enfermedad del siglo XXI, al haber pasado de ser explotados por una oligarquía a ser fagocitados por una poderosa burocracia.
De ahí la importancia de la agenda del sector productivo, que es una agenda de todos, porque todos somos parte de un gran mercado, productores y consumidores y es nuestra responsabilidad velar porque esta se cumpla. Ahí está la base de un futuro productivo, de un futuro que no obligue a los ecuatorianos a migrar del país.