Los ministerios de Salud Pública y del Interior llevan adelante varias acciones para prevenir la comercialización y el consumo de alcohol adulterado con sustancias que pueden causar graves daños a la salud.
Tras la alerta generada el 25 de octubre pasado, los operativos de control de expendio de licor artesanal continúan en Pichincha.
El 27 de octubre, en el Distrito Rumiñahui, la Policía Nacional capturó a tres ciudadanos por el presunto delito contra el derecho a la salud.
Utilizando diferentes técnicas especiales, la Policía Nacional coordinó con personal de la Dirección General de Inteligencia (DGI), Fiscalía General del Estado e Intendencia del cantón Rumiñahui varios allanamientos en lugares donde se presume se comercializaba la venta de alcohol adulterado en sector de Sangolquí. Tras las acciones se detuvo a tres personas y se confiscaron 150 botellas de plástico de 400 ml. y un botellón de plástico de 2500 ml. con licor artesanal.
Los aprehendidos fueron puestos a órdenes de la autoridad competente y las evidencias ingresadas en las bodegas de la Policía Judicial.
Hasta el momento se han detenido cinco personas, ya que la madrugada del 26 de octubre se realizó el allanamiento a tres inmuebles en el centro de Quito. En el operativo, en el que participaron 150 uniformados pertenecientes a unidades especiales de la Policía, se detuvo a dos ciudadanos por el presunto delito de contaminación de sustancias destinadas al consumo humano. Además, se han incautado más de 2.300 litros de licor.
El Ministerio de Salud Pública confirma la atención de 45 casos sospechosos de intoxicación por consumo de alcohol metílico, de los cuales 11 pacientes registraron resultados de laboratorio negativos.
La investigación de 11 muertes asociadas se lleva a cabo y se mantiene la alerta para que todos los establecimientos de salud pública y privada que reciban pacientes con síntomas de posible intoxicación por alcohol adulterado reporten inmediatamente a la Autoridad Sanitaria.
El Servicio Nacional de Ciencias Forenses ha remitido a la Fiscalía los resultados de los exámenes médico legales para continuar con el proceso de flagrancia.