Hoy, 23 de octubre de 2017, el procurador general del Estado, Diego García, compareció ante la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, para explicar sobre las acciones legales que ha iniciado la entidad en relación al caso de corrupción de la compañía Odebrecht, en el que se halla vinculado el vicepresidente Jorge Glas y otros, por el presunto delito de asociación ilícita.
García indicó que la intervención de la Procuraduría se enmarca en el artículo 237 de la Constitución y los artículos 2 y 3 de la Ley Orgánica de la entidad.
Asímismo, indicó los delitos, que según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), afectan tanto el patrimonio nacional como el interés público. De igual forma, explicó las cuatro etapas del proceso penal (investigación previa, instrucción fiscal, evaluación y preparatoria, y juicio) para ubicar a cada uno de los casos de Odebrecht.
En el caso por concusión que la Fiscalía sigue al excontralor Carlos Pólit Faggioni por haber solicitado al superintendente de Odebrecht en Ecuador, José Conceição Santos Filho, la entrega de $6 millones a cambio de desvanecer más de $70 millones en glosas, el monto de reparación integral será de aproximadamente $7,7 millones.
Además se abordaron otros casos de la trama de corrupción como el de asociación ilícita de Ricardo Rivera, tío del vicepresidente Jorge Glas, y los de lavado de activos.
Al abordar el tema del control de la legalidad, García señaló que hasta el 4 de agosto de 2008 era atribución de la Procuraduría, emitir informes, previo a la suscripción de los contratos con cuantía superior al monto para concurso público de ofertas de las entidades del sector público; después de esa fecha (hasta la presente) la entid ejerce el control legal posterior a la suscripción de los actos y contratos.