El contralor general del Estado subrogante, Pablo Celi, remitió al ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, la notificación de destitución del cargo del vicepresidente sin funciones, Jorge Glas, detenido en la cárcel 4 de Quito, tras presuntamente “confirmar la responsabilidad administrativa culposa” en la adjudicación del pozo petrolero Singue.
En un documento de 59 páginas, Celi dispuso “remitir copia certificada (de la resolución) al señor Ministro de Relaciones Laborales para los fines legales pertinentes”.
“Como ustedes saben, la ley determina que una predeterminación de responsabilidad administrativa tiene 30 días para responder y una predeterminación de responsabilidad civil tiene 60. Transcurridos estos plazos se ha revisado la documentación que han presentado todas las personas en el asunto del campo Singue y se procedió a confirmar la determinación de responsabilidades civiles y administrativas”, dijo Celi.
Según el contralor, hay varias responsabilidades que incluyen personeros en niveles de dirección y en niveles de consejos que decidieron los temas del campo Singue. Sobre si Jorge Glas pierde su función de Segundo Mandatario, el contralor subrogante indicó: “A mí no me corresponde establecer esas conclusiones. La Contraloría determina la sanción que corresponde a las observaciones encontradas en sus informes y, en este caso, hay una observación que tiene como conclusión una determinación de destitución y una glosa”.
Según la Contraloría, en la fase precontractual para la adjudicación del campo petrolero en el 2012, el Comité de Licitación Hidrocarburifera (COHL), del cual fue parte Glas como ministro coordinador de Sectores Estratégicos, no contaba con los respaldos y sustentos referentes a requisitos y exigencias de procedibilidad, como la certificación del Mapa de Bloques Petroleros 2011 por parte del Instituto Geofísico Militar.
Más de 20 exfuncionarios públicos y privados, algunos con fuero de Corte, son parte del proceso de indagación con base en los indicios de responsabilidad penal que inició la Fiscalía General del Estado (FGE) a comienzos de agosto.
La indagación, que es la primera fase de un proceso penal, se realizó con base en el examen especial de Contraloría, del contrato de prestación de servicios para la exploración y explotación de hidrocarburos en el Bloque Singue, en Sucumbíos, en el que se reveló una serie de irregularidades en la negociación y firma de contrato de prestación de servicios entre el Estado ecuatoriano y el Consorcio DGC, integrado por Dygoil y Gente Oil Ecuador.
El organismo de control detectó un perjuicio para el Estado por aproximadamente $ 5,2 millones. Entre los que participaron en el proceso de contratación en marzo de 2012 destacan el exministro Pástor; el vicepresidente, Jorge Glas, quien lideraba los Sectores Estratégicos; y Carlos Pareja Yannuzzelli, viceministro de Hidrocarburos