El contralor general del Estado subrogante, Pablo Celi, pidió que la Asamblea Nacional sea la que decida la suerte de Jorge Glas, vicepresidente de la República sin funciones y detenido en la cárcel 4 de Quito por el caso de los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
En el oficio enviado al titular del parlamento, José Serrano, Celi explicó los argumentos por los cuales notificó, el 26 de octubre de 2017, a Glas con su destitución y una multa de $5.840 por una presunta responsabilidad administrativa culposa, en el caso de la entrega irregular del campo petrolero Singue al consorcio DGC.
“Es necesario, señor Presidente, que la Asamblea tenga en consideración que las sanciones, en este caso de multa, destitución derivadas de un proceso de control de recursos públicos, son diferentes de aquellas resultantes de la aplicación del régimen disciplinario que prevé la Ley Orgánica del Servicio Público; así como también de las que, por responsabilidad política señala el Art. 129 de la Constitución (…)”, se lee en el documento.
Esa decisión se tomó mientras Glas era ministro coordinador de Sectores Estratégicos, pero Celi argumentó que la Contraloría tiene siete años para analizar el uso de los recursos públicos e imponer las sanciones correspondientes. Celi pidió que “la Asamblea Nacional, en el ámbito de sus competencias, en conocimiento de los hechos antes referidos, que adopte las decisiones pertinentes”.
“Hay una determinación, había una predeterminación que está confirmada, a mí no corresponde establecer esas conclusiones, la Contraloría determina la sanción que corresponde a las observaciones encontradas en sus informes y, en este caso, hay una observación que tiene como conclusión una determinación de destitución y una glosa”, había dicho Celi,
Además del caso Singue, la Contraloría emitió con Glas otros informes de responsabilidad civil y una glosa por $49 millones, por la irregular liquidación del contrato entre Petroecuador y el consorcio EDC Ecuador. Otra glosa por $31 millones es por la cesión del contrato entre la Corporación Eléctrica del Ecuador y MachalaPower. Según la Contraloría, no existen los respaldos para ese pago.
Jorge Yunda, de la bancada de AP, sugirió a su bloque que sea el que plantee el juicio para lograr su destitución. Mientras Soledad Buendía, también de AP, dijo que el bloque no está dividido y que cualquier decisión sobre Glas será tomada en conjunto.