El írrito gobierno de Nicolás Maduro y la fragmentada oposición venezolana subieron nuevamente al cuadrilátero para medir sus fuerzas en las recientes elecciones realizadas el día domingo 15 de octubre de 2017 que buscaron proclamar, entre 220 candidatos, a 23 gobernadores. Nicolás Maduro amenazó a los nóveles gobernadores con destituirlos si no se subordinaban bajo juramento a la Asamblea Nacional, constituyéndose este en elemento sine qua non para la referida posesión de sus cargos. De los 23 gobernadores electos, tan solo 18 comparecieron avivados por los seguidores de Maduro y cautivados por el discurso irracional de que todo el que salga a votar, respalda la Asamblea Constituyente.
A consecuencia de las declaraciones vanas de Maduro – en el sentido de que se vio presionado por los venezolanos – finalmente convocó a las fraguadas elecciones regionales que debieron realizarse inicialmente el año 2016; así nació un proceso manchado de acusaciones y sospechas que aún busca legitimar ante la comunidad internacional una Asamblea Constituyente que solamente encontró solidaridad en los pares del autollamado Socialismo del Siglo XXI. La autodenominada Alianza Bolivariana (ALBA) conformada por Bolivia, Barbuda, Dominica, Cuba y Ecuador respalda el ilegítimo proceso con voces como la de la flamante canciller de Alianza País, María Fernanda Espinoza, quien a título personal y en declaraciones públicas legitimó la Asamblea Constituyente de Maduro y abundó en sus muestras de apoyo con su asistencia al último foro de los “Cinco del Alba”.
Como antecedente, es preciso recordar que la actual Asamblea Constituyente de Maduro disolvió el Parlamento Democrático de Venezuela para poder realizar tanto las elecciones del 15 de octubre de 2017 como las que planifica convocar el último trimestre de 2018 para continuar en funciones. Estilo este que reproduce el de su antecesor Marcos Pérez Jiménez, proclamado presidente de Venezuela por una Asamblea Constituyente en el año 1952 y de sus homónimos Porfirio Díaz, Jorge Ubico, Rafael Trujillo, Anastasio Somoza, Daniel Ortega y otros dictadorzuelos latinoamericanos que gobernaron en épocas en las que el fraude electoral fue el medio tradicional para lograr el control político.
El futuro para Venezuela no es alentador: los débiles precios del petróleo, una administración inepta que ahora solamente imprime billetes, la inflación que ya superó el 1.000 por ciento, y el éxodo de miles de venezolanos que han huido de la crisis y que crecerá a medida que la tragedia empeore, convirtiéndose la situación en una amenaza no solo para su población sino también para la región entera.
Si el Presidente Moreno no replantea su visión respecto a las políticas del gobierno bolivariano y la diáspora venezolana, perderá la credibilidad de la comunidad internacional a la que ha invitado a invertir en la renovada democracia ecuatoriana, confianza que se encuentra empañada con los casos de corrupción instigados por la Internacional Odebrecht y que alcanza al gobierno de Maduro, según testimonio del directivo de la multinacional Euzenando Prazares de Azevedo en relación a la construcción del Metro de Caracas –proyecto logrado gracias a la intervención de Chávez a pesar de que había vencido el plazo de la licitación- . Ante las afirmaciones del representante de la Multinacional corruptora, Nicolás Maduro responde con el silencio puesto que según investigaciones de la Fiscal Luisa Ortega – ex guerrillera y posteriormente desmarcada del chavismo – habría recibido 35 millones de dólares para su campaña presidencial de 2013, poco menos que su director Américo Mata, quien tan sólo recibió 50 millones. Todo lo anterior genera un ambiente de pre desconfianza para los próximos procesos electorales donde el ventajismo, las maniobras ilegales y las coimas internacionales que ya fueron elementos de los deslucidos procesos electorales, rondarán el Palacio de Miraflores.
Hoy Venezuela está más aislada que nunca: fue suspendida en el Mercosur y está con un pie fuera de la OEA; además, tanto los EEUU como la Unión Europea preparan nuevas medidas económicas que terminarán afectando solamente a la oprimida población venezolana que es la que ha puesto los muertos. Solamente el Gobierno ruso y su aliado cubano – que tarde o temprano se verán más favorecidos con el petróleo venezolano – exhortaron a la Comunidad Internacional a renunciar a los “planes destructivos” contra su aliado político.
Venezuela, que antes del advenimiento del Socialismo del Siglo XXI era uno de los países más prósperos de la región, hoy es una nación que no puede pagar sus cuentas, sin institucionalización democrática, sin garantías de equilibrio, trasparencia, ni respeto al uso del patrimonio público o al orden jurídico vigente.
El hermano País Bolivariano, cuya escala vergonzosa de escándalos no tiene precedentes en América Latina, para poder subsistir tiene que acceder a formar parte del grupo de países con más problemas de la región – los miembros del ALBA – quienes finalmente recibieron a su migración y ahora comparten lo poco que les queda.