En los últimos días el Gobierno ha tratado de dar a entender que Ecuador está saliendo de la crisis, basado en algunos datos como la recuperación del empleo pleno, pero resulta absurdo pensar que si seguimos haciendo lo mismo vamos a obtener resultados diferentes parafraseando a Einstein. La realidad es que el país mantiene un monstruoso aparato burocrático y no hay todavía signos de cambio para salir de la política de despilfarro y entrar en una de austeridad fiscal. El excesivo tamaño del aparato estatal ahogó las posibilidades que pudo haber tenido nuestro país para desarrollarse, aprovechando con responsabilidad el auge resultante de los altos precios del petróleo.
Basta mirar las cifras para ver el fracaso de un modelo de crecimiento de gasto dispendioso o “auge insostenible” como lo llamaría la escuela libertaria de economía. Por ejemplo, en 2009 el número de personas con empleo pleno en Ecuador llegó a 2,5 millones de ecuatorianos y en 2014 alcanzó un pico de casi 3,5 millones, pero de ahí en adelante este indicador presenta como evidencia una caída constante por tres años consecutivos, razón por la cual se habrían perdido al menos 300 mil empleos en esta categoría.
¿Qué pasa con el empleo informal y precario? El Gobierno por medio del INEC da varias definiciones a esta categoría: subempleo, empleo no remunerado, otro empleo no pleno, empleo no clasificado, desempleados abiertos, pero son definiciones demasiado complejas para entender una realidad bastante simple. Si quitamos de las estadísticas el empleo pleno en las que están aquellas personas que trabajan normalmente 40 horas, aportan al IESS y tienen un salario superior al mínimo vital, quedan los otros trabajadores a los que he clasificado en la categoría de empleo informal y precario.
Según las estadísticas del INEC, en 2009 hay 3,5 millones de personas en esta categoría con una tendencia a la baja hasta el año 2013, pero de ahí en adelante la curva es ascendente. La cifra ahora está en 4,5 millones de personas con empleo informal y precario. El desempleo abierto también ha mostrado una tendencia al alza desde el año 2014 hasta el año 2016.
Debido a una ligera baja en el desempleo en el primer semestre de 2017 se ha dado pie para que el Gobierno y algunos economistas del régimen hablen de una salida de la recesión y de la entrada en una etapa de recuperación, optimismo probablemente relacionado con el cambio de Gobierno. Lo que menos se puede perder es la esperanza de que las cosas mejoren, pero hay elementos para dudar de esa recuperación, sobre todo por esa política de dispendio heredada del anterior Gobierno que desapareció hasta el ahorro petrolero, recursos que habrían servido para financiar el gasto en tiempos de vacas flacas.
Al nuevo Gobierno le corresponde ahora entrar en una etapa en la que deberá racionalizar el gasto público y llevar al país al fomento del ahorro; esto será posible mediante una política de austeridad fiscal, luego de 10 años de dispendio. Recomendaría reformar y actualizar la vieja Ley de Control y Regulación del Gasto Público.
Desde fines de los años ochenta, todo el mundo sabía que Ecuador debía formar un fondo de estabilización con los recursos petroleros. Hubo un consenso que comenzó en el Gobierno de Rodrigo Borja para crear un fondo de estabilización basado en excedentes en los precios del petróleo. Durante el Gobierno de Rafael Correa ese fondo generado en anteriores administraciones desapareció para gastar de una manera dispendiosa, sin considerar las tendencias que históricamente ha sufrido el precio del crudo. Al respecto se puede revisar la información en www. InflationData.com/crude oil prices.
Los precios del petróleo han tenido temporadas de auge de alrededor de diez años, pero así mismo hay temporadas con caídas sostenidas que pueden durar hasta 25 años. El Gobierno de Correa vivió una temporada de precios del petróleo de más de $100 el barril, lo que debió convertirse en una oportunidad magnífica para alimentar ese fondo con miras a estabilizar la economía en épocas de desaceleración y recesión.
El petróleo es una materia prima, un commodity y a no ser que haya una oleada importante de un auge de precios de estas materias primas en el mundo, será difícil que el país vuelva a tener otra oportunidad como esa. Al nuevo Gobierno le corresponde ahora entrar en una etapa en la que deberá racionalizar el gasto público y llevar al país al fomento del ahorro; esto será posible mediante una política de austeridad fiscal, luego de 10 años de dispendio. Recomendaría reformar y actualizar la vieja Ley de Control y Regulación del Gasto Público.
Hasta el año 2006, cuando las cuentas públicas se manejaban con cierta racionalidad, el gasto fiscal se mantuvo en un rango que no pasaba del 21% al 24% del PIB, pero desde el año 2008 este gasto comenzó a expandirse hasta niveles del 43% del PIB. A este fenómeno le he bautizado con el nombre del auge insostenible.
Esto ha permitido crear en los últimos cuatro años un déficit fiscal inmanejable, considerando que Ecuador es una economía pequeña, con un PIB per cápita de $5.900. ¿Cómo se puede sostener un gasto público en el orden del 40%? ¿En qué momento nos convertimos en un país rico tipo Canadá, Japón o Estados Unidos o los países nórdicos?
Hay un estudio del Banco Mundial donde se establece que el 68% de los ecuatorianos no somos clase media sino más bien la suma de dos clases es decir vulnerable y pobre. Hablo de personas que no ganan más de $10 diarios, es decir, casi el 70% de la población no llega a ganar más de $300 al mes.
Es hora de pensar en cambiar, porque estos auges insostenibles no llevan a ninguna parte. El primer auge que vivió Ecuador fue en la época de la dictadura, desde 1972 a 1980, en la que el país tuvo tasas de crecimiento promedio del ingreso que alcanzaron el 9%. La dictadura dejó al país con una altísima deuda que la heredó el Gobierno de Roldós-Hurtado y que como lo recordamos, fue la desencadenante de una crisis sin precedentes que duró más de veinte años, es decir los años 80 y los 90 del siglo anterior. En esas décadas los precios del petróleo bajaron más o menos de $40 hasta $8 el barril en valores nominales.
Esos ciclos han probado la urgencia de abandonar la política económica gastadora; esa de creer que el Estado tiene muchos grados de libertad para intervenir en la economía a todo nivel en áreas que bien pueden ser atendidas por la empresa privada. Es necesario tener una política económica acorde con la realidad de un país que tiene un 35% de pobreza por necesidades insatisfechas. Hay un estudio del Banco Mundial donde se establece que el 68% de los ecuatorianos no somos clase media sino más bien la suma de dos clases es decir vulnerable y pobre. Hablo de personas que no ganan más de $10 diarios, es decir, casi el 70% de la población no llega a ganar más de $300 al mes.
Estas cifras solo prueban que seguimos siendo un país en vías de desarrollo, que no hubo jamás el famoso milagro ecuatoriano, por eso hay un falso optimismo a la hora de hablar de la recuperación económica. El Ecuador no puede darse el lujo de mantener un nivel de gasto público de $36.000 millones anuales, porque la consecuencia será una crisis peor que la actual.
Necesitamos una menor carga impositiva. No podemos seguir con una carga como la actual. El Impuesto a la Renta pasó de representar el 3% del PIB en 2009 al 4,7% en 2015. Hubo una caída en el último año y eso se explica por la llamada curva de Laffer, cuando los impuestos aumentan llega un momento en el que el Estado comienza a recaudar menos.
Por ahora aún no hay señales de que se quiera caminar hacia la recuperación económica con un manejo adecuado de las finanzas públicas, porque el país no podrá salir del hueco fiscal si no cambia su visión. Hacen falta teorías económicas renovadas y la escuela liberal libertaria puede ayudar desmantelando la idea de un estado paternalista que nos cuide de la cuna a la tumba. Esa visión renovada es la de un Estado más pequeño, dedicado a lo que tiene que hacer, que por ahora no supere un 25% del PIB como lo fue durante un tiempo. La austeridad es un imperativo no solo económico, sino hasta ético.
Necesitamos una menor carga impositiva. No podemos seguir con una carga como la actual. El Impuesto a la Renta pasó de representar el 3% del PIB en 2009 al 4,7% en 2015. Hubo una caída en el último año y eso se explica por la llamada curva de Laffer, cuando los impuestos aumentan llega un momento en el que el Estado comienza a recaudar menos. Si el Gobierno sigue haciendo lo mismo que se ha hecho en estos últimos diez años, tendrá menos grados de libertad para hacer una mínima inversión social como es la salud y la educación básica, fundamentalmente .