La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos (ACNUDH) ha anunciado este martes que las fuerzas de seguridad venezolanas han “maltratado” y “torturado” de forma “generalizada y sistemática” a manifestantes y detenidos, según cita El País.
El organismo ha acusado a las fuerzas de seguridad de ser responsables de la muerte de al menos 46 manifestantes —de 124 muertes investigadas hasta el 31 de julio en el contexto de las manifestaciones— y de llevar a cabo más de 5.000 detenciones arbitrarias. Los grupos armados progubernamentales, denominados “colectivos armados”, serían por otra parte responsables de 27 fallecimientos.
“Estas violaciones ocurren en plena ruptura del Estado de derecho en Venezuela, con ataques constantes del gobierno a la Asamblea Nacional y a la Oficina de la Fiscal General”, ha subrayado el Alto Comisionado para los derechos humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein. “La responsabilidad de las violaciones de derechos humanos que estamos registrando corresponde a los más altos niveles del Gobierno”.
“Las entrevistas realizadas a distancia por un equipo de expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas sugieren que en Venezuela ha habido un uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva y detenciones arbitrarias contra los manifestantes -dice el comunicado-. Las conclusiones del equipo indican la existencia de un patrón de otras violaciones de derechos humanos, que abarcan allanamientos violentos de viviendas, torturas y malos tratos a las personas detenidas en relación con las protestas”.
“Estas violaciones ocurren en plena ruptura del Estado de derecho en Venezuela, con ataques constantes del gobierno a la Asamblea Nacional y a la Oficina de la Fiscal General”, ha subrayado el Alto Comisionado para los derechos humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein. “La responsabilidad de las violaciones de derechos humanos que estamos registrando corresponde a los más altos niveles del Gobierno”.
Según la portavoz de la oficina para los derechos humanos, Ravina Shamdasani, los informes recibidos de “trato cruel inhumano y degradante por parte de las fuerzas de seguridad a los detenidos, que podrían ser definidos en varios casos como tortura […], no fueron casos aislados”.
El organismo recibió información de la oficina del Defensor del Pueblo y llevó a cabo 135 entrevistas a víctimas y familiares, testigos, miembros de organizaciones de la sociedad civil, periodistas, abogados, médicos paramédicos y un funcionario de la oficina de la Fiscal General. En varios casos examinados por el ACNUDH hay indicios verosímiles de que las fuerzas de seguridad han infligido tratos crueles, inhumanos o degradantes a los detenidos, y que en algunas ocasiones han recurrido a la tortura.
Zeid ha instado a las autoridades venezolanas a poner fin de “inmediato al uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes” y a liberar todos los detenidos de forma arbitraria.
“Entre los métodos usados figuran choques eléctricos, golpizas en las que han empleado hasta los cascos y las porras, mientras los detenidos estaban esposados, la práctica de colgar a los reos de las muñecas durante periodos prolongados, asfixiarlos con gases y amenazarlos con la muerte —y en algunos casos con la violencia sexual— a ellos y a sus familiares”, dice en su comunicado.
El Alto Comisionado ha mostrado su preocupación por los casos de allanamiento “violento e ilegal” de viviendas, que según los entrevistados se realizaron sin orden judicial y “supuestamente en búsqueda de manifestantes”. También ha denunciado que cientos de personas han sido juzgadas en tribunales militares y ha afirmado que la destitución de la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, que fue apartada de su cargo el pasado sábado, es motivo de “honda inquietud”.
Zeid ha instado a las autoridades venezolanas a poner fin de “inmediato al uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes” y a liberar todos los detenidos de forma arbitraria.