El anuncio de la venta de uno de los dos aviones de la Presidencia, adquiridos por el expresidente con el argumento de que así trabajaba mejor, y de los carros de lujo adquiridos también por la anterior administración para mostrar la opulencia de un sector público que podía jactarse de mantener una Secretaría de la Felicidad, es una pequeña muestra de que ha llegado el momento de tomarse en serio la austeridad.
Es claro que lo recaudado con esas ventas será una nimiedad en comparación con la descomunal deuda pública heredada por la anterior administración con intereses altísimos, pero son gestos que apuntan a una nueva forma de relación del poder político con la sociedad. Menos caravanas, menos guardaespaldas, menos autos invadiendo vías exclusivas del transporte público, menos sirenas interrumpiendo el tráfico para dar paso a una caravana de autos cuatro por cuatro con vidrios polarizados, menos de todo eso que tanto cansó a la ciudadanía de a pie…
Son gestos que van a tardar en ir concretándose en acciones, porque hay toda una institucionalidad montada. Una institucionalidad obediente a un poder central encarnado en una persona, la del expresidente. Una forma autoritaria que fue tratada de emular por el vicepresidente sin funciones que repitió letra por letra una serie de acusaciones lanzadas antes por el expresidente, devenido en su community manager.
Y en medio de esos gestos sorprende que la acusación de la Fiscalía en uno de los mayores casos de corrupción, con videos, grabaciones y pruebas de por medio contra uno de los involucrados, el excontralor que fue el encargado de auditar las cuentas de funcionarios públicos denunciados, haya sido por concusión, exacción hecha por un funcionario en provecho propio, cuando de todas las pruebas presentadas parece estar claro que fue en provecho de más de uno.