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Venezuela amanece desolada y trancada en rechazo a Maduro y su Constituyente

  • Redacción
    • Tiempo de lectura: 2 minutos

    La oposición de Venezuela ha convocado para este jueves una huelga general de 24 horas como medida de presión para tratar de que el presidente, Nicolás Maduro, renuncie a las elecciones de una Asamblea Constituyente, convocadas para el próximo 30 de julio. El paro cívico, que ha comenzado a las 06:00, en la llamada hora cero, supone una intensificación de las protestas opositoras.

    Por la acción espontánea de grupos que se llaman de la “resistencia”, ya desde el martes permanecen bloqueadas extensas zonas del este de Caracas y de otras ciudades del país.

    Algunas calles de Caracas y del interior del país amanecieron “trancadas” atendiendo las acciones del Paro Cívico Activo de 24 horas, convocado por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Desde tempranas horas la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) impide con bombas lacrimógenas que manifestantes en Montalbán, al oeste de Caracas, se manifiesten acorde a la actividad pautada.

    Animada por los 7,6 millones de votos del plebiscito simbólico que realizó el domingo contra Maduro y su Constituyente -considerado ilegal por el gobierno-, la oposición convocó a un cese de actividades formales e informales pero “activo”, con bloqueos de vías.

    El diputado a la Asamblea Nacional, Richard Blanco, denunció en su cuenta en Twitter que los funcionarios de la GNB “no respetan la propiedad privada y disparan hacia edificios” de esa localidad.

    Nicolás Maduro, confrontado también a una fuerte presión internacional para que desista de su proyecto, aseguró que la Constituyente irá contra viento y marea “por la paz y recuperación económica” del país. “Va, ahora más que nunca”, dijo Maduro el martes, al rechazar las amenazas de sanciones económicas del presidente estadounidense, Donald Trump, si se instala la Constituyente.

    El paro es apoyado por la cúpula empresarial, las cámaras de comercio e industria, parte de los sindicatos, estudiantes y transportistas. Pero el gobierno controla la estratégica industria petrolera y el sector público, con casi tres millones de empleados.

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