Tras dos horas de sesión, los cinco miembros de Alianza Pais que integran el Consejo Administrativo de la Legislatura (CAL) decidieron archivar el juicio político contra el vicepresidente Jorge Glas por presuntos actos de corrupción en el megaescándalo de los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
Con cinco votos a favor y dos en contra, el CAL archivó el pedido de juicio político por falta de requisitos. El presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, dijo que después de haber verificado los documentos, ninguna de las 28 pruebas presentadas reunían los requisitos que exige la Constitución para la apertura de juicios políticos contra la figura del presidente y vicepresidente (demostrar que han cometido o que hay indicios de que han cometido delitos contra la administración pública, contra la seguridad del estado o de tortura y genocidio).
Serrano Salgado dijo que el asambleísta Roberto Gómez presentó como parte de las pruebas para juicio la certificación de un laudo de la empresa Caminosca, que todavía no está ejecutoriado. Incluso, aseguró, en Estados Unidos es reservado, confidencial y está en apelación.
“Si se aceptaba dicho documento como prueba estaríamos violentando la Constitución y la ley. No podemos nosotros admitir como prueba un documento que no existe jurídicamente y que probablemente se obtuvo de manera ilícita e ilegal”, lo que no lleva a indicios de responsabilidad penal, dijo.
Por lo demás, continuó, no se ha evidenciado ni demostrado el cometimiento de delitos contra la seguridad del Estado, de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito, así como delitos contra la administración pública o de genocidio, tortura, entre otros, como establece el artículo 129 de la Constitución.
Desde su punto de vista no se puede admitir como requisito de prueba para un juicio un documento que no existe legalmente, porque es reservado. Cinco asambleístas afines al régimen, de los siete miembros que integran el CAL, votaron por el archivo del juicio, tal como ya lo habían anunciado antes.
Los asambleístas, según Serrano, pueden presentar tantas veces deseen el pedido de un juicio político, porque el CAL finalmente debe revisar que se cumplan los requisitos. “Una cosa es responsabilidad política, otra la penal”. Para enjuiciar a los primeros mandatarios deben existir indicios de una responsabilidad de carácter penal, dijo.