La devaluación fiscal busca mejorar la competitividad del sector externo a través de la afectación de las cargas impositivas o sociales que se le aplican, con la finalidad de bajar los costos de producción de los productos de exportación y así abaratarlos, mejorando el flujo de divisas. Por ende, la devaluación fiscal tiene dos caras: por un lado, beneficia a los exportadores, pero por otro crea dudas sobre la sostenibilidad de la fuente de recursos públicos que financiará el pago al Seguro Social de los empleados privados ¿A costa de que el Gobierno asumirá el pago del Seguro Social?
En los últimos días se ha escuchado al Ministro de Finanzas, Carlos de Torre, hablar de devaluación fiscal como una de las posibles medidas que tomaría en materia económica el gobierno del Lenín Moreno para maniobrarse frente a un escenario de crisis económica. De aplicarse esta medida claro que ayudaría, porque el Ecuador al ser un país dolarizado requiere un importante flujo de divisas y los exportadores se verían bastantes beneficiados el momento en que el Estado asuma la aportación patronal, porque llevaría a reducción en los costos de producción y ganar competitividad con los productos que vendan hacia afuera.
Pero frente a este aspecto positivo también está la desconfianza, porque ¿quién va asumir el pago de los impuestos si se bajan los costos a los exportadores? La intención del Gobierno es asumir el aporte del Seguro Social, pero como podría lograrlo si en la actualidad tiene un déficit de un 8% con respecto al PIB y su deuda con el IESS supera los $2.800 millones. Ciertamente, de no cubrir esas obligaciones los más perjudicados serían los afiliados porque a la hora de usar los servicios de la Seguridad Social se encontrarían con limitaciones.
La diferencia entre gastos versus ingresos mensuales es de $1.500 millones mensuales aproximadamente, que es lo que necesita para cubrir sus cuentas. Eso ha generado mayor endeudamiento y por ende un incremento en el déficit fiscal en los últimos 12 meses. Existen alternativas para bajar esa brecha, lo primero es lograr una renegociación de los plazos de pago y de las tasas de interés. Otra medida a largo plazo sería intentar reducir los impuestos para favorecer el consumo y, de esta manera, apuntar a una mayor recaudación tributaria.
El Gobierno, para superar el bache trata de hallar alternativas en la política fiscal, porque Ecuador al estar dolarizado carece de capacidad de maniobra en la política cambiaria y monetaria, para realizar una devaluación por esa vía. Entonces, el Gobierno habla de una devaluación fiscal porque la monetaria como tal no se puede aplicar. Tengamos presente que el dólar puede devaluarse por las condiciones del mercado como ha ocurrido anteriormente, pero no es algo que las autoridades del Ecuador estén en capacidad de hacer; justamente es parte de la libre fluctuación como el dólar.
La ampliación de la oferta explotable es necesaria, con miras a garantizar la sostenibilidad de la dolarización puesto que en los próximos años el nivel de gasto y el endeudamiento pueden ser detonantes importantes en contra el sistema. De igual manera la búsqueda de mercados es importante y necesaria.
Definitivamente, la devaluación fiscal no es viable en este momento porque el Gobierno no cuenta con los suficientes recursos para asumir los aportes patronales a la seguridad social del sector exportador, pero es favorable que desee apoyar al sector exportador. Es recomendable que el equipo económico de Lenín Moreno explore otras alternativas para apoyar y fortalecer el sector exportador.