“De forma particular, para mi seguridad personal, no acudiré a ninguna instancia que no sea la de ustedes. Si el pueblo ecuatoriano y el Gobierno han confiado para que ustedes puedan cuidar su seguridad, el Presidente también quiere manifestar su confianza plena”, ha dicho el presidente Lenín Moreno al inicio de la reunión con la cúpula de las Fuerzas Arnadas y la Policía en el Palacio de Carondelet el lunes.
La declaración ha dado un golpe de timón a la relación Gobierno-Fuerza Pública deteriorada en la anterior administración. El expresidente Rafael Correa impulsó una reforma a la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas al proponer la creación de un Servicio de Protección Pública para autoridades, en el Código de Entidades de Seguridad.
La declaración de Moreno ocurre en momentos en que la Asamblea Nacional debe decidir si acogerá o no el informe de la Comisión de Seguridad, que ha pedido allanarse al veto parcial que emitió el expresidente Correa sobre esa normativa. Él había objetado tres puntos sobre la Policía y la cesantía de los vigilantes de la Comisión de Tránsito. Pero había dejado intacto el espíritu del polémico libro III, sobre el Servicio de Protección Pública.
El mundo da vueltas. Un proyecto prioritario para el anterior Gobierno al menos quedará empolvado en el actual en caso de que la Asamblea se ratifique en la voluntad del expresidente.
Puertas afuera, la noticia de comienzos de la semana fue el arresto del expresidente de Panamá, acusado de espionaje y corrupción. Ricardo Martinelli del estar en el poder ha pasado a estar frente a la justicia. De espiar ha pasado a ser espiado. El poder nunca ha sido eterno.