La campaña electoral del actual presidente de la República, Lenín Moreno, presentó el plan Toda una Vida como el programa estrella en materia social. No obstante, una mirada atenta a varios enunciados deja ver que estos parecen responder a una táctica para ganar votos más que una probabilidad de convertirse en realidad.
Un cálculo aproximado del costo de las promesas efectuadas por Moreno durante sus recorridos de campaña, supera los $9 000 millones. La cifra resulta excesiva para las condiciones de la economía ecuatoriana. Y, por ahora, la política económica planteada por el nuevo Gobierno no parece que vaya a generar un crecimiento real del país.
El presidente tampoco ha explicado de dónde saldrán los recursos ni ha mostrado todavía los informes técnicos que supuestamente sustentan el programa. Quizá lo haga más adelante cuando la Secretaría Técnica, creada para coordinar el plan Toda una Vida, realice la verificación de los datos de las personas que se inscribieron durante la campaña.
Como política multiplicadora de empleo, el programa Toda una Vida propone construir 325 mil viviendas durante todo el periodo. Bien mirado, de lo que se trata es de aplicar la teoría keynesiana de tomar con una mano los impuestos de los ciudadanos y pasarlos a la otra. Durante el proceso, si bien por un lado se fomenta empleo, por el otro se destruyen los que existen en las empresas productivas. Así, en la realidad, no se generan nuevas fuentes de trabajo.
Cuando la vivienda es gestionada desde el sector público, es imposible soslayar la tentación de caer en corrupción. Una cosa es un promotor privado, que trabaja con recursos y riesgos propios de este ramo, y otra el ámbito estatal. En una contratación pública no se descartan posibles coimas, lo cual, por supuesto, merma la calidad de las obras y, al mismo tiempo, las encarece. Basta mirar lo ocurrido en varios países de América Latina, con los sobornos millonarios entregados por la empresa Odebrecht para saber cuál es el comportamiento en esta materia.
Sin crecimiento económico no es posible salir de la pobreza ni es factible generar empleo. Por tanto, la mejor política social es permitir que las empresas generen trabajo. Esa es la clave. Con un trabajo digno, las personas pueden mantenerse a sí mismas y no necesitan las promesas ni las dádivas de los políticos.
En este tema, además, hay un aspecto susceptible de cuestionamiento. ¿Cuán justo es que todos paguemos las casas que serán regaladas a 195 mil ecuatorianos ubicados en el estrato de pobreza, cuando entre los contribuyentes también hay miles de personas humildes que no reciben una vivienda?, ¿por qué unos escogidos -de entre los más desfavorecidos- merecen tener una casa, y otros del mismo nivel social no la merecen, si a fin de cuentas todos pagan impuestos? La respuesta es cruda: quienes reciben un techo son seleccionados con criterio político.
Entre las ofertas de aumento del Bono de Desarrollo Humano de $50 hasta $150, entrega de créditos de hasta $15 000 a jóvenes emprendedores e incremento incremento de la pensión que se otorga a los adultos mayores, de $50 a $100, esta última sería la más realizable porque representa el rubro más bajo dentro del gasto público total del Estado.
Asimismo, la promesa de atender integralmente a los niños durante los primeros 1 000 días de vida, al igual que los otros ofrecimientos son un conjunto de dádivas políticas que responden al concepto de que al Estado le corresponde “hacerse cargo de…” las personas menos favorecidas desde la más temprana infancia hasta la vejez.
Los individuos no merecen que un político (o un grupo político) determine desde la guardería a la que tendrán que asistir, cómo alimentarse, de qué forma vivir ni tener que recibir una pensión por caridad durante la vejez. Los ancianos deberían cosechar el fruto de sus años de trabajo, no estar a expensas de las decisiones que tomen los políticos de turno. Personalmente, creo en la libertad de la identidad de cada persona para responsabilizarse de sí misma. Lo contrario es un sistema de limosnas perverso e indigno.
Hay quienes dicen que durante el gobierno de Rafael Correa hubo “avances en materia social”. Estas afirmaciones quedan en el aire ante cifras que revelan que en los dos últimos años del pasado gobierno unas 280 mil personas descendieron de la categoría de “empleo adecuado” a “empleo inadecuado”. Si multiplicamos por un promedio de cuatro integrantes por cada familia en esa situación, tenemos 1 millón de personas que pasaron al desempleo o la informalidad. Habría que preguntar a ellos de qué les sirvieron los publicitados avances en política social.
Sin crecimiento económico no es posible salir de la pobreza ni es factible generar empleo. Por tanto, la mejor política social es permitir que las empresas generen trabajo. Esa es la clave. Con un trabajo digno, las personas pueden mantenerse a sí mismas y no necesitan las promesas ni las dádivas de los políticos.
La propaganda de campaña electoral estuvo repleta de palabrería, frases grandilocuentes y promesas poco creíbles. La realidad es totalmente diferente en un país quebrado como resultado de un modelo de gasto y despilfarro implantado durante la última década.