En un examen especial aprobado el 19 de junio, la Contraloría determinó que el Estado sí tiene una deuda con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) por las prestaciones de salud, que había sido dado de baja por las autoridades de ese organismo.
El informe de auditoría fue subido a la página web de la institución la tarde de este martes y fue dirigido por Sonia Sierra, directora encargada de Auditoría Administración Central, y aprobado por Pablo Celi, contralor subrogante.
La directora general del IESS, Geovanna León, había asegurado antes que las autoridades de la entidad han actuado de manera responsable sobre los balances del IESS y que el hecho de haber dado de baja la deuda de $2.527 millones solo fue un movimiento contable.
“Conforme al Balance de Comprobación del Fondo de Salud Individual y Familiar, al 30 de septiembre de 2016 se mantiene una Cuenta por Cobrar al Estado por Contribuciones, por $2.527’819,221,8, proveniente de los saldos al 31 de diciembre de 2012, 2013, 2014, 2015 y de enero a septiembre de 2016”.
En la página 5 del informe de la Contraloría, sin embargo, se señala que “conforme al Balance de Comprobación del Fondo de Salud Individual y Familiar, al 30 de septiembre de 2016 se mantiene una Cuenta por Cobrar al Estado por Contribuciones, por $2.527’819,221,8, proveniente de los saldos al 31 de diciembre de 2012, 2013, 2014, 2015 y de enero a septiembre de 2016”.
La Contraloría reconoce así la existencia de la deuda y dispone, en otro apartado, dejar sin efecto las decisiones que sirvieron para desconocer ese monto.
Según el artículo 52 de la Ley Orgánica de la Contraloría, “las recomendaciones de auditoría, una vez comunicadas a las instituciones del Estado y a sus servidores, deben ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio”.
En una de las recomendaciones, el organismo de control le ordena al Consejo Directivo del IESS que pida a la directora general, “que los actos administrativos relacionados con la baja de los valores registrados en la Cuenta por Cobrar al Estado, por prestaciones de salud, se dejen sin efecto y se proceda a revelar el valor de la deuda indicada en los Estados Financieros del Fondo de Salud”.
El examen especial también deja en evidencia la “falta de colaboración y entrega oportuna de información requerida” por parte del IESS.
Según el artículo 52 de la Ley Orgánica de la Contraloría, “las recomendaciones de auditoría, una vez comunicadas a las instituciones del Estado y a sus servidores, deben ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio”.
La directora general, en sus declaraciones de la mañana, cuando aún no se divulgaba el informe, señaló que el IESS acatará las disposiciones de los organismos de control.