La concesión de 225 amnistías en 35 casos suscitados en el 2009, 2012, 2013, 2015 y 2016 plantea un informe no vinculante de una comisión de asesores jurídicos de la Asamblea Nacional que debe ser analizado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL).
Los casos judiciales corresponden a tres pedidos planteados por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y Pachakutik el 9 de junio de 2016 y 30 de mayo y 20 de junio de 2017, según El Universo.
Solo en Morona Santiago existen personas juzgadas por delitos como paralización de servicios básicos y terrorismo organizado con el propósito de ejecutar actos de violencia que provoquen lesión o muerte de personas, en las protestas sociales contra el expresidente Rafael Correa.
Ocupación y uso ilegal de suelo, asociación ilícita en Esmeraldas; ataque y resistencia en Orellana; usurpación; secuestro, delito de sabotaje y terrorismo; violación a la intimidad; falso testimonio y perjurio; daño al bien ajeno en Guayas, son entre otros los delitos por las que fueron enjuicidas las personas que podrían recibir la amnistía.
El informe recomienda que para conceder la amnistía es necesario considerar la disposición constitucional contemplada en el artículo 80, respecto a los casos que no son susceptibles de amnistía como desaparición forzada de personas, crímenes de agresión a un Estado, genocidio y otros.
Si el informe pasa del CAL este deberá ser enviado a la Comisión de Justicia. En caso de un informe desfavorable ordenará el archivo de la solicitud.