Con el objetivo de controlar los supuestos actos de odio, discriminación, noticias falsas he integridad de las personas en las plataformas digitales en el Ecuador, el expresidente Rafael Correa ha dejado en la Asamblea Nacional un proyecto de Ley que intenta regular el uso de las redes sociales y la Internet. El proyecto, enviado al Parlamento por el exmandatario antes de dejar el poder, pone en entredicho la libertad de la gente para expresar sus opiniones en las redes sociales.
El tema, más allá del usuario, es que no es justo que las empresas que proveen el servicio de Internet, como Claro o Movistar por ejemplo, sean sancionadas con multas si omiten rendir cuentas a un usuario y al Gobierno por lo que expresan sus clientes.
Ese instrumento tiene un propósito radical sobre la autopista de la información. Pero censurar Internet es un tema complicado, porque la red nace con la filosofía de ser abierta. Si cualquier usuario tiene una molestia y le da por escribir y expresar lo que piensa en las redes sociales, está en todo su derecho.
¿Cómo controlas? Las operadoras móviles en la actualidad son responsables de nueve millones de cuentas y, según el proyecto, estarían obligadas a pasar informes al Gobierno de cada usuario; es decir, cada empresa va terminar cobrándole una tarifa por cada insulto o demagogia de un usuario a todos los demás.
Las operadoras del país están sujetas a superoperadoras más grandes. Empresas como CNT, Claro y Movistar tienen sus propios cables submarinos en toda América Latina y el costo de su mantenimiento es absolutamente alto.
Ellos ahora ven ese costo a unos 20 años plazo, porque son cables de altísima potencia. Pero si el Gobierno ecuatoriano llega a sancionar a estás operadoras de telefonía, que también proveen de Internet a las personas, eso significaría que cada proveedor tendrá que aumentar sus tarifas para escudarse de cualquier tipo de sanción. Este proyecto es un arma de doble filo económico ya que uno de los filos va a beneficiar al ente regulador que es el Estado, pero el otro perjudica al usuario al final de la cuenta.
Definitivamente, el tema de regular Internet tiene que ver con lastimar la libertad y el bolsillo de los usuarios.
Educación tecnológica
El proyecto del expresidente habla de un ente regulador y menciona a los proveedores de servicio que brindan acceso a Internet a una población que está apenas aprendiendo a utilizar la plataforma digital, sin la educación necesaria. La normativa, contraria a lo que debería ser una medida de conciencia social para evitar insultos en la redes, impone sanciones.
En la actualidad y con el avance de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación es evidente que las personas necesitan educarse en el uso de las redes sociales, pero el tema no pasa por sancionar a las operadoras porque se le antoja a un Gobierno que pretende evitar que se hable de lo que se hizo o no, de lo que no funciona, de lo que está mal.
A la sociedad se le debe hablar sobre los hábitos en las redes, porque es necesario saber cómo manejarlas, cómo verificar la confiabilidad de una fuente, cómo evitar los falsos rumores…
Pero el proyecto lo que hace es responsabilizar, de alguna manera, a las operadoras que solo son intermediarias entre lo que genera una persona en Facebook, Twitter o WhatsApp. Entonces no queda claro qué tipo de contenido califica para subir a esas plataformas o quién determina el contenido ilegal.
Es ilógico que pensar que plataformas como Facebook o Twitter accedan a hacer informes trimestrales para presentar reclamos o reportes sobre contenidos ilegales de los usuarios ante los órganos de la Justicia del Ecuador. Cada usuario tiene una protección y el proyecto le retira esa protección.
El nuevo gobierno y la libertad de expresión
El tema de la regulación de la información no es nuevo, no solo en el Ecuador sino en otras partes del mundo. En Turquía, Irán, Venezuela, China… cerraron la frontera digital para controlar la información. En Estados Unidos se aprobó una Ley que permite a cualquier persona solicitar a un proveedor los datos de navegación de ciertos grupos de usuarios. Así que eso de conocer el historial de navegación de las personas por intermedio de los proveedores de servicio ya no es solo usado por el marketing.
Lo que el proyecto intenta hacer es controlar la información mediática digital, con sanciones inmediatas contra los usuarios. Con ese proyecto de Ley, en definitiva, se pondría una camisa de fuerza no solo a los medios sino a las personas.
Según el Instituto Nacional de Educación Tecnológica, el promedio de personas con acceso a Internet en el Ecuador no superaba el 35% hasta 2010; sin embargo, la proyección para los próximos 10 años es la de un incremento de hasta el 70%.
En conclusión, en lugar de aprobar un proyecto de ley para sancionar los insultos, calumnias o caos de desinformación en las redes, el nuevo Gobierno debería promover de forma urgente la alfabetización tecnológica con un plan sectorial que pueda llegar a todos los rincones del país.
Para que sea una alfabetización tecnológica responsable y no propagandística, el nuevo Gobierno debería mirar hacia el desarrollo de un país del primer mundo, pero no con leyes que promuevan el control. Si el proyecto llegará a pasar, lo que se haría es retroceder en materia digital. Tener una sociedad bajo control significa tener una ciudadanía mucho más insegura.