El acuerdo comercial firmado por el Ecuador con la Unión Europea el pasado 1 de enero establece un marco jurídico para el intercambio comercial, facilita el comercio y pone sobre la mesa cuales son las normas y las reglas para intercambiar mercancías y servicios, otorgando previsibilidad sobre el funcionamiento y el movimiento de los mercados.
Denunciar en la Asamblea Nacional los tratados bilaterales de inversión que mantiene con 7 países de la Unión Europea, genera un clima de desconfianza entre los inversionistas europeos que miraban al Ecuador, hasta antes de esta medida, como un mercado con acceso preferencial.
Mientras tanto, para la asambleísta María Augusta Calle, la decisión del Ecuador radica en un tema de soberanía, es decir, desde su comisión alega que los tratados están en contra de la Constitución Nacional porque por un tema de soberanía, el país no puede elevar ninguna disputa legal en centros internacionales no reconocidos, el argumento político es el no reconocimiento e inconstitucionalidad de estos tratados, sin embargo, lo más lógico es plantear la renegociación de las clausulas incompatibles con la actual Constitución.
En este momento, la denuncia de Ecuador a los tratados bilaterales es negativa porque los inversionistas tanto locales como extranjeros lo que requieren es confianza y dialogo, ambos se ganan con un ambiente normativo claro, no a través de cambios abruptos que mermen la inversión en el país.
Con esta decisión el Presidente entrante Lenin Moreno la va a tener difícil más bien como autoridad nacional tendrá que plantearle a la Asamblea Nacional (AN) que en lugar denunciar se dé la posibilidad de una negociación puntual sobre las clausulas y el tratamiento legal en los centros internacionales de inversión.
Por ello, es necesaria la confianza y el actual gobierno lo que está haciendo es acabar con la poca que se venía generando con los europeos desde el primero de enero y dando un problema al nuevo gobierno porque este entrará sin piso ni posibilidades de negociar y de atraer inversiones que es lo que se necesita para apalancar la dolarización.
Ninguna persona natural o jurídica, invertirá en el país si es que no tiene la garantía y el espacio real para poder denunciar cualquier afectación directa sobre su patrimonio o confiscación o cualquier tipo de medida que termine agrediendo su inversión en el país, el trato debe ser de seguridad, transparencia donde existan los medios y los mecanismos necesarios para para poder elevar cualquier tipo de denuncia y en caso de comprobarse una mala acción por parte del estado verse compensado.
En recomendable que el actual gobierno mantenga los acuerdos bilaterales de inversión si es de renunciar por incompatibilidad con la constitución vigente el gobierno debería decir claramente cuáles son los párrafos que consideran contrario a la carta magna e invitar a los países no solo de Unión Europea sino otros como: Estados Unidos , Bolivia, Chile, a poner clausulas donde se reconozcan los centros de arbitrajes y se muestre a un Ecuador que respeta la propiedad, inversión y renta ganada legítimamente.