El portavoz Sean Spicer informó de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha puesto su sello a una normativa para restringir una vez más el acceso al aborto en todo el país. El texto permite a los Estados que retiren la financiación pública a Planned Parenthood. La organización proporciona atención médica a millones de mujeres sin recursos en todo el país y sus servicios incluyen interrupciones de embarazos, lo que ha inspirado el rechazo de los republicanos.
La firma de Trump, según diario El País, es el último golpe a esta fundación en el marco de iniciativas políticas ultraconservadoras que durante los últimos años han intentado drenar sus recursos. Si los Estados deciden retirar la financiación a Planned Parenthood, podrían forzar el cierre de la mayoría de sus clínicas.
El republicano ha pasado de defender en el pasado el derecho al aborto a prometer que nombraría jueces al Tribunal Supremo que estén dispuestos a revocarlo.
Tras la firma, varias organizaciones conservadoras que promovieron la ley celebraron el gesto de Trump. “Dar prioridad a la retirada de fondos a Planned Parenthood es una victoria”, declaró Marjorie Dannenfelser, presidenta de Susan B. Anthony List, un grupo contra el aborto.
Planned Parenthood, a través de su vicepresidenta, denunció que los ciudadanos “están hartos de que los políticos hagan que cada vez sea más difícil acceder a cuidados médicos y esta ley es el último ejemplo”. Dawn Laguens añadió que EEUU debería centrarse en expandir la atención sanitaria en vez de dar un paso atrás. “Demasiadas mujeres todavía sufren obstáculos para ir al médico, especialmente las más jóvenes, afroamericanas, las que viven en zonas rurales y las que carecen de recursos.
Planned Parenthood recibe 550 millones de dólares anuales del presupuesto federal de EEUU y otros 60 millones de los Estados para cubrir los gastos médicos de mujeres que no pueden costearse la atención privada. Sus principales actividades están en el ámbito de la planificación familiar, la prevención de enfermedades y la práctica de abortos, que supone el 3% de sus servicios.
La legislación estadounidense prohíbe financiar con dinero público las interrupciones de embarazos —salvo en el caso de violaciones, incesto o si peligra la vida de la madre—, por lo que Planned Parenthood recurre a donaciones privadas para ello. Sin embargo, los republicanos han liderado varias propuestas para retirar toda la financiación pública a esta organización. Esta medida lograría cerrar la mayoría de sus clínicas sin tener que recurrir a una reforma legal.