Un grupo de policías cercó el edificio donde funciona la empresa encuestadora Cedatos, en el centro-norte de Quito. La Fiscalía ingresó al lugar, en compañía de varios uniformados, “a dar cumplimiento a una orden de incautación”, para investigar una presunta conmoción social, denunciada por Rosana Alvarado (AP), vicepresidenta de la Asamblea Nacional.
Alvarado ha sostenido que es importante obtener información física, documental y digital de la empresa Cedatos para investigar el delito por el que acusó a la encuestadora. En la orden se pidió la incautación de las computadoras de Carlos Polivio Córdova y al menos otros tres empleados.
Alvarado pidió allanar la empresa Livercostas, de propiedad de Fernando Correa, afín a CREO porque trabajó en el Banco Guayaquil, propiedad del candidato Guilermo Lasso, quien presuntamente habría pagado siete millones de dólares. En el pedido a la Fiscalía se asegura que “se ha podido establecer la conexión de los hechos entre la modificación dolosa de las encuestadoras”.
Alvarado, quien presentó la denuncia ante la Fiscalía el 22 de marzo pasado, había dicho que la entidad le ha ido informando paulatinamente del avance del proceso. Sin embargo, prefirió no revelar esa información para no interferir en la investigación que está en curso.
El Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona estos delitos con penas de cinco a siete años de cárcel y de tres a cinco años, respectivamente.