Toda persona es inocente hasta que no demuestre lo contrario dice el dicho popular, pero las disposiciones del Consejo Nacional Electoral para las elecciones del 2 de abril estaban por convertir, en la práctica, a todos los ecuatorianos en sospechosos de cometer delitos electorales.
En un primer anuncio, tanto el presidente del Consejo Electoral, Juan Pablo Pozo, como el fiscal de la Nación, Galo Chiriboga, habían dicho que más de dos mil fiscales de Flagrancia iban a vigilar en el interior de los recintos electorales que no se cometan delitos que alteren el proceso.
Según ese anuncio, los fiscales iban a actuar en caso de infracciones a ser juzgadas por las respectivas Juntas provinciales electorales; y en caso de delitos, juzgados de acuerdo con lo establecido en el Código Orgánico Integral Penal.
Ese anuncio precedió otro sobre la prohibición de tomar la foto del voto por parte de cada ciudadano; después, eso fue aclarado y se dijo que solo se rechazaba el pedido de organizaciones políticas a los ciudadanos para que tomen la foto de su voto.
Ahora, la Fiscalía, al igual que el titular del Consejo Electoral, han aclarado que los fiscales no estarán presentes en los recintos electorales y permanecerán en las Unidades de Flagrancia con los procedimientos rutinarios.
¿Para qué tanto anuncio confuso? Todos esperan que el Consejo Nacional Electoral se limite a cumplir con su deber: ser un árbitro imparcial y justo. Hasta ahora quedan muchas dudas sobre eso. Ha permitido que una campaña sucia teja un paño sobre un proceso que debe ser transparente.
Los ecuatorianos no acuden a las urnas para ser considerados sospechosos de cometer delitos electorales, van simplemente a cumplir un derecho, el de elegir de forma libre a sus autoridades. No necesitan ni fiscales ni policías sobre sus hombros. Esos fiscales y policías solo deben vigilar que la voluntad popular, la del voto, no sea alterada luego de que el votante salga del recinto electoral.