El número víctimas del incendio en un albergue para menores, registrado el miércoles 8 de marzo en Guatemala, subió a 39 con el fallecimiento de otras tres jóvenes. Las niñas murieron en la unidad de cuidados intensivos del hospital estatal Roosevelt, uno de los dos centros públicos a los que fueron llevadas las sobrevivientes.
Este albergue era de apoyo a menores víctimas de maltrato, abandono, discapacidad, adicciones y explotación sexual en Guatemala. Estaba bajo el resguardo de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia y estaba en el ojo del huracán por un largo historial de abusos sexuales y otros tipos de maltratos.
El 7 de marzo más de medio centenar de menores habían intentado escapar de ese centro, pero solo 19 lo lograron. Los demás fueron detenidos esa misma noche en los bosques y campos de los alrededores. Cuando volvieron las autoridades decidieron encerrarlos bajo llave: las mujeres en un aula y los hombres en un auditórium.
El 90 por ciento de los habitantes del hogar tienen padres o familiares cercanos, pero están internados por orden judicial. El intento de huida había activado a dos equipos de la Procuraduría de la Nación. Sabían que después de un hecho así, los familiares suelen agolparse en la entrada para pedir que les devuelvan a sus hijos y querían aprovechar la circunstancia.
Los equipos de la Procuraduría, conformados por psicólogos, abogados, y trabajadores sociales, tenían la misión de que la mayor cantidad posible de menores regresara con sus familias y de buscarle a los nuevos casos salidas distintas a las judiciales. El internamiento es la decisión automática de la mayoría de los jueces. Todo falló.
Algunos testimonios indican que la tragedia se originó tras una revuelta de las adolescentes para protestar por las agresiones mientras las niñas estaban encerradas bajo llave en un aula de 4 metros por 4 en la que estaban castigadas por haber intentado escapar la noche anterior y en la que incendiaron una colchoneta.
La casa hogar, a cargo de la Secretaría de Bienestar Social, tenía a unos 748 menores, aunque su capacidad es de 400, y en su interior convivían huérfanos, menores conflictivos, niños víctimas de violencia, pequeños con discapacidad y otros que supuestamente habían sido internados por haber cometido delitos.
Según investigaciones fiscales, desde que se abrió el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, dentro de sus muros de aspecto carcelario habían sucedido historias de golpizas, trata, violaciones y hasta un asesinato.
En el lugar fallecieron 19 jóvenes, mientras que once murieron en el hospital San Juan de Dios y nueve más en el Roosevelt por la gravedad de sus heridas. Todas tenían entre 14 y 17 años.
Cientos de guatemaltecos protestaron el sábado frente a Casa Presidencial y el Palacio Nacional de Cultura, ubicados ambos en el centro histórico de la capital, y culparon al gobierno del presidente Jimmy Morales de negligencia para evitar la tragedia. Algunos manifestantes llevaban banderas guatemaltecas azul y blanco con manchas de pintura roja, como muestra de indignación por la muerte de las adolescentes.
“Maltrataron a mi hija”, dijo la madre de Lilian Andrea Gómez, de 13 años, al abandonar la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Guatemala en medio de un familiar y una psicóloga voluntaria.
Ella acababa de ver un cuerpo carbonizado del que solo las pruebas de ADN permitieron asegurar que su hija era una de las 39 víctimas del incendio.
En la sala de espera de la morgue, los familiares de otras de las víctimas esperaban la confirmación de la identidad de sus parientes. El hogar seguro Virgen de la Asunción está ubicado en San José Pinula, una ciudad dormitorio 21 kilómetros al este de la capital, en donde unas 70 niñas continúan virtualmente presas.
Los hogares seguros concebidos en principio para albergar a bebés y niños susceptibles de ser dados en adopción, así como a niños de víctimas de la violencia familiar, pronto se vieron inundados por adolescentes en conflicto con la ley enviados a ese lugar por jueces tras encontrarlos culpables de delitos graves como violaciones sexuales, extorsiones o tráfico al menudeo y consumo de cocaína.
Según Prensa Libre, la exinterna, Blanca Lidia Iboy, denunció en un informe de la organización Mecanismo contra la tortura, que les inyectaban algo para dormirlas, les quitaban la ropa y las dejaban desnudas en el patio.
“Hacían negocios con nosotras”. El informe relató que otra antigua interna quedó embarazada en el centro y, durante una reyerta, perdió a uno de los gemelos que esperaba tras recibir una golpiza. El otro le fue retenido por las autoridades.
La activista humanitaria Norma Cruz, al abandonar la morgue donde se reunió con familiares de las víctimas, reveló que las mismas denunciaron que los jueces, a la hora de quitarles la potestad sobre las niñas, ni siquiera las dejaron hablar en su defensa.
“Esta tragedia es producto de una sociedad enferma. Las víctimas son niñas que sufrieron maltrato, violaciones sexuales y terminaron en una institución del Estado que, lejos de protegerlas, las convierte en víctimas de abusos, como los que ahora han salido a luz. Es la tragedia de Guatemala, un Estado completamente colapsado por la corrupción y la indolencia”, dijo a El País Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana, el capitulo guatemalteco de Transparencia Internacional.