Según la Real Academia de la Lengua Española (RAE), la palabra corrupción proviene del latín corruptio, -ōnis y. Su principal acepción es: “… en las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores.”
El objetivo de esta nota es sugerir que todos los ecuatorianos hagamos causa común para extirpar totalmente la corrupción de las actividades públicas y privadas, teniendo las responsabilidades principales en ese esfuerzo, los padres de familia y el Estado. Los primeros, con el ejemplo permanente sobre la aplicación de los valores humanos en todas sus actividades; el Estado, legislando y ejecutando normas claras, precisas y severas contra la corrupción y aplicando la justicia sin contemplaciones ni diferencias.
Lamentablemente, han habido y siguen habiendo muchos “caudillos” y dictadores en el mundo, que consideran que los fondos públicos, que tarde o temprano son aportados por los ciudadanos con sus impuestos, una vez que llegan a las arcas fiscales “no son de nadie” y por tanto pueden ser utilizados al gusto y antojo de las abusivas autoridades de turno, incluso desperdiciándolos.
Pongo entre comillas “caudillos”, porque son demagogos populistas a los cuales les siguen ciegamente muchas personas, ya sea porque su obediencia les genera réditos de diverso tipo: posición social, riqueza, viajes, prestigio, mientras adulan al cabecilla y gozan de sus favores; ya sea porque se benefician de “pan y circo”; o, porque, sobre todo en el exterior de los países, reciben todo el tiempo solo la información oficial, que endiosa a quien la genera y decide.
En cada uno de los continentes habitados es larga la lista de muy importantes y otrora respetados dirigentes, entre ellos presidentes de repúblicas ricas y pobres, ministros de Estado y altos funcionarios, que se han enriquecido con los fondos públicos, aprovechando su capacidad de decisión para la ejecución de importantes obras estatales, asignándolas a empresas “generosas”, que les han llenado sus bolsillos o les han depositado dinero en cuentas secretas de paraísos fiscales.
Para muestras se citan los casos ya juzgados de Arnoldo Alemán, presidente de Nicaragua; Alberto Fujimori, presidente del Perú; Mohamed Suharto, presidente de Indonesia; Jean Claude Duvalier, presidente de Haití; Ferdinand Marcos, presidente de Filipinas; Mobutu, Sese Seko, Presidente de Zaire; Pavlo Lazarenko, Primer Ministro de Ucrania; Sanil Abacha, presidente de Nigeria; Slobodan Milosevick, Presidente de Serbia, Yugoeslavia; Joseph Estrada, Presidente de Filipinas.
Aunque no fueron políticos, es también digno de anotar el caso de casi todos los altos dirigentes del fútbol mundial y latinoamericano de hace pocos años, que recibieron fondos generados por ese importante y masivo deporte y se lo engulleron, porque pensaban que nadie les tomaría cuentas.
En el Ecuador, los casos de corrupción se han dado en muchas oportunidades y en diferentes gobiernos a lo largo de la historia. A algunos ex – presidentes se los ha acusado directamente de haberse llevado la plata del pueblo hasta en costales; mientras que, en algunos periodos, se ha dejado en claro que el Presidente no ha robado, pero que “ha dejado robar” a muchos de sus colaboradores más directos, aparentemente sin que se haya percatado de ello.
Lo cierto es que, personajes que antes de ser autoridades han debido hasta el arriendo de viviendas modestas y han sido sujetos de juicios de insolvencia, a los pocos meses de haber ingresado al cargo público importante, son nuevos ricos que han comprado casas amplias con piscina, viajan en flamantes autos finos, visten a la última moda de París, van de vacaciones y de compras al exterior en cada feriado, con mascotas incluidas; pero, eso sí, proclaman que aman a los pobres y luchan por ellos.
Lamentablemente, algunos grupos ciudadanos consideran válido que algunas autoridades alcen con el santo y la limosna, “siempre que hagan obra” y, por supuesto, están dispuestos a luchar por algún día lograr el puestito que les permita gozar de los mismos placeres de la vida de sus líderes. Recuerdo el caso de un ciudadano que solo pedía le permitan administrar “el palo” del control de la Aduana de Yaguarcocha, cuando allí se revisaba todo vehículo de pasajeros o de carga que venía de Colombia o iba en esa dirección con mercadería.
Entre los líderes, aquí y en todas partes, hay los que proclaman incansablemente que “el pueblo es inteligente” mientras esperan que vote por ellos o en agradecimiento por sus votos, ofrecen erradicar la pobreza de todos los ciudadanos y al final erradican su propia pobreza y la del grupo más cercano, sin cumplir sus ofertas de campaña.
Es, a todas luces, paradójico que, en Sudamérica, varios presidentes que llegaron a serlo con el voto popular y clamaron por la justicia social y la reivindicación de los descamisados, los habitantes de las favelas, los desocupados, los indígenas, al término de sus mandatos hayan dejado a sus países peor que antes, en los indicadores sociales y económicos principales; pero, hayan engrosado sus fortunas y las de sus familiares y amigos cercanos, en forma descarada. En Brasil, Argentina, Perú, Panamá y en el Ecuador, para citar algunos juicios, se siguen actualmente decenas de casos de corrupción, con pruebas irrefutables.
Como decía un editorialista del diario El Comercio de Quito, la gente se pregunta: “¿Quién es más infame, el delincuente de derechas o el de izquierdas? En principio los dos, pero el autodenominado de izquierdas hurta algo más, ya que a nombre de los ideales de la justicia, solidaridad, libertad y de la historia, se carga, no solo con la plata de sus países, sino que saquea la confianza y el espíritu de la gente, vaciándole de energía, dignidad y utopías. La crisis no solo es económica y política, sobre todo es de descomposición ética y moral”.
Los últimos meses han servido para poner al descubierto, en muchos países, las cuevas de los Ali Babá nacionales y sus ladrones. En esa labor, lamentablemente, nada han tenido que ver los organismos nacionales de control; porque ha sido el gobierno de los Estados Unidos, los investigadores de algunos importantes medios de comunicación y los Panamá Paper´s, los que han permitido conocer la forma en que empresarios internacionales y altos funcionarios nacionales han coludido, en perjuicio de los estados y, por supuesto, de los ciudadanos, ejecutando grandes proyectos de infraestructura con sobreprecios que enriquecían a los delincuentes y, en varias ocasiones, sin la oportunidad o la necesidad real y la calidad requerida.
La “primera piedra” que ha servido para levantar los monumentos a la corrupción que se conocen, que se conocerán y que posiblemente nunca lleguen a conocerse, ha sido la aprobación de constituciones “socialistas” en las cuales el Estado domina los sectores estratégicos y el Ejecutivo domina todas las funciones, de manera que los grandes proyectos solo se los puede hacer con recursos fiscales o con aprobación de quien detenta el poder nacional y desaparece el poder ciudadano fiscalizador, anterior y posterior a la realización de las obras, incluso en el ámbito del poder judicial.
La segunda piedra fundamental es el autoritarismo de los “jefes de Estado”, que han metido la mano en todas las funciones públicas y que, con el argumento de que “quieren hacer obra pronto y a cualquier costo” (porque estaban en épocas de vacas gordas), eliminaron o minimizaron las funciones de las contralorías y las procuradurías para evaluar la factibilidad social, económica y financiera de las obras, antes de que se las adjudique y se las inicie; y, terminaron pagando los más altos precios mundiales por kilómetro de carretera o por obras que a la postre no han servido, pero que han sido utilizadas para promocionar el desvelo del gobierno por el bienestar popular.
La tercera piedra básica, por así decirlo, ha sido la declaratoria de “emergencia” para todos los proyectos importantes que asomaban por los despachos presidenciales, con lo cual se obviaban las licitaciones y se asignaba a dedo los estudios y la ejecución de los proyectos de costos millonarios, por parte de “obedientes” ministros y miembros de directorios espurios, en los cuales solo se aceptaba las órdenes superiores y a coro se aplaudía las ideas mesiánicas de “transformar la matriz productiva”, para dejar de depender del “imperio”.
Por supuesto, los diligentes funcionarios no encontraban mejor acierto que el de contratar empresas con experiencia ingenieril y “financiera” probada en otros países y que sabían que se portaban generosas con quienes les adjudicaban las obras. Desde luego, en el camino surgían porcentajes y fórmulas de reparto.
Lo que acabo de mencionar no es nada nuevo. Lo publican y lo dicen los medios de comunicación, no como invento de ellos, sino como declaraciones de muchos reos de la justicia, entre ellos los dueños de enormes empresas y algunos de los beneficiarios, enojados con sus compadres de antaño o con sus mentes puestas en “no caer solos” y arrastrar a jefes y subalternos igualmente corruptos.
Cuáles pueden ser las soluciones a este problema, que se enraíza en todas partes y enloda hasta a las hijas de reyes, a quienes se supone les enseñaron diariamente a respetar su rango, porque además nunca les faltó nada en palacio?
Lo primero, la enseñanza en el hogar, teórica y práctica, sobre los valores que debe tener todo ser humano: respeto por sí mismo y por los demás, responsabilidad, honestidad, lealtad, disciplina, patriotismo, amor por el trabajo, deseos de superación, humildad, solidaridad. El problema es que las familias de ahora, en un gran porcentaje, no tienen “jefes del hogar”, sino apenas miembros ocasionales sin mayor autoridad.
Lo segundo, la educación en moral y cívica y la reafirmación de los valores humanos, como elementos fundamentales de la vida en sociedad, que debe recibirse en las escuelas, colegios y universidades, no como materias específicas, sino como cortes transversales en todas las asignaturas. El problema es que los maestros que llaman la atención a sus alumnos, hasta pueden ser enjuiciados por “abuso de autoridad”.
Luego, la vigencia de un marco legal que reconozca los derechos, pero que sea exigente en cuanto a los deberes de los ciudadanos y que cuente con instituciones justas que hagan cumplir las normas sin favoritismos ni sesgos. Y esto es difícil de conseguir, en sociedades en las que hay mesianismo y paternalismo estatal para mantenerlo.
En el marco legal, considero que un elemento clave debe ser la declaración obligatoria de todos los ciudadanos, cada cinco años, del patrimonio personal, a partir de los 18 años, para evitar, entre todo tipo de corrupción, aquella que hace que funcionarios de bajo nivel, públicos y privados, rápidamente lleguen a tener casa, auto y otros bienes, y tren de vida por encima de sus ingresos, sin base en un trabajo honrado.
Por otra parte, la justicia no debe ser magnánima con aquellos que al declarar su patrimonio se “olvidan” de declarar sus propiedades o tienen empresas “de papel”, que sirven exclusivamente de puente entre corruptores y corruptos, para transferir recursos de unas cuentas a otras y hacer perder el rastro de dineros mal habidos.
Otro elemento debe ser la reducción del Impuesto al Valor Agregado, al 10% o menos, compensado con el aumento del número de los ciudadanos sujetos al pago del impuesto a la renta. No puede ser que solo el 25% o menos de la población económicamente activa (PEA) pague ese impuesto, en valores chicos o grandes, y que el resto no tenga obligación ni conciencia tributaria, pero exija obras y servicios masivos. Tampoco cabe que haya exenciones del pago de ese impuesto, a grandes empresas privadas, por décadas, sin evaluar el impacto social real de sus actividades.
Un aspecto adicional es que no debe haber condonaciones de las obligaciones con el fisco, salvo cuando se las requiera por catástrofes naturales, como las inundaciones o los terremotos; porque cada una de esas acciones lleva a que los beneficiarios y quienes conocen el mecanismo, esperen que llegue el día de una nueva condonación y no pagan sus tributos. No puede ser que el Estado endeudado, ansioso por obtener ingresos, perdone a grandes deudores sumas millonarias de tributos, como aconteció hace poco, mientras al honrado empresario se lo multa apenas se pasa una semana de la fecha de pago de sus obligaciones tributarias.
Los sistemas electrónicos de información estatal deben servir eficientemente para cruzar datos, incluso con las empresas privadas, para llegar a determinar la situación real de cada ciudadano con el fisco. Hay ciertos negocios que dejan enormes utilidades y sin embargo, por normas equivocadas o por falta de cuidado del Servicio de Rentas Internas, nunca pagan impuesto a la renta.
Como se dice vulgarmente: “quien nada debe nada teme” y la apertura personal a que se conozca la vida financiera, cuando los jueces lo requieran, debe ser norma. En el caso de los funcionarios públicos, debe ser norma la transparencia absoluta con respecto a sus ingresos procedentes del Estado y de sus actividades particulares, en cualquier momento.
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