“No sé nada de mi hermana, tiene 16 años y por problemas familiares se fue de la casa. La familia puso la alerta, la encontraron y la trajeron acá. Mi madre está enferma y no pudo venir”. El relato es de Carlos Ramírez, un joven del departamento El Progreso, a 55 kilómetros de la capital de Guatemala.
Los relatos son estremecedores. Adolescentes instalados en el centro público de rehabilitación Hogar Seguro Virgen de la Asunción protestaron por abusos físicos y sicológicos, documentados y denunciados por una serie de organismos de derechos humanos, solo quedaron calcinados.
El centro depende de la Secretaría de Bienestar Social del gobierno de Guatemala y atiende a menores de hasta 18 años.
La indignación tiene sus límites y los relatos de las denuncias de abusos sexuales contra las niñas recluidas ahí rebasan cualquier entendimiento. Llegan a niveles absurdos. El Estado abre un centro para proteger a menores maltratados, pero solo multiplica el maltrato. El Estado conocía de esos maltratos, pero no hizo nada. Fue rebasado por la tragedia.
Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana, el capitulo guatemalteco de Transparencia Internacional, ha resumido un drama que debería estremecer a la humanidad entera por toda la indolencia, por toda la inhumanidad.
“Esta tragedia es producto de una sociedad enferma. Las víctimas son niñas que sufrieron maltrato, violaciones sexuales y terminaron en una institución del Estado que, lejos de protegerlas, las convierte en víctimas de abusos, como los que ahora han salido a luz. Es la tragedia de Guatemala, un Estado completamente colapsado por la corrupción y la indolencia”.