El mandatario peruano, Pedro Pablo Kuczynski, ha solicitado a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, deportar al expresidente Alejandro Toledo, denunciado por recibir 20 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
Toledo enfrenta una orden de prisión preventiva de 18 meses en Perú, acompañada por una notificación roja de Interpol, activa en 190 países. Este fin de semana fue protagonista de un extraño incidente, cuando una fuente anónima del Ministerio del Interior reveló que planeaba viajar de San Francisco a Israel, para escapar de la justicia de su país.
Los rumores fueron tan persistentes que, ante lo que parecía la inminente llegada de Toledo, el Gobierno de Israel comunicó su decisión de negarle el ingreso a su territorio, hasta que resolviera sus asuntos pendientes con la justicia peruana. Aunque el expresidente prófugo finalmente no aterrizó en Tel Aviv, esta actitud motivó que el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski enviara una carta de agradecimiento al Primer Ministro Benjamín Netanyahu.
Kuczynski tuvo un día agitado en el frente exterior. Cerca de las 18:00 horas de Lima, sostuvo una comunicación telefónica con Donald Trump. Según informa una nota de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores, ahí le solicitó que “en el marco de las competencias que la ley de migración de ese país brinda al Departamento de Estado, se evalúe la opción de deportar a Alejandro Toledo hacia el Perú, a fin que sea sometido a la justicia peruana”.
El comunicado anota que también conversaron sobre posibilidades de cooperación comercial. “Ambos mandatarios intercambiaron puntos de vista sobre el estado de la relación bilateral y las amplias posibilidades para profundizarla, sobre la base de las coincidencias en temas tales como la defensa de los principios democráticos y la lucha contra la corrupción”.
A las 20:30, Kuczynski compareció en un mensaje televisado en señal nacional. Ahí explicó las acciones que su gobierno había tomado para enfrentar la corrupción, a raíz del caso Odebrecht. Hacia el final de su presentación se refirió a la situación de Toledo, en cuyo Gobierno fue ministro de Economía y presidente del Consejo de Ministros.
Precisó que se ha hecho una modificación a la ley, que impedirá que las empresas condenadas por corrupción vuelvan a contratar con el Estado. Éstas quedarán prohibidas de transferir sus recursos fuera, sin antes cumplir con el íntegro de sus obligaciones en Perú. También dijo que los funcionarios involucrados en estas actividades irregulares serán sometidos a la llamada «muerte civil», y no podrán volver a trabajar para el Estado.