El endeudamiento agresivo en el que ha entrado Ecuador en el último período ($1.750 millones en dos emisiones de bonos desde el 8 de diciembre pasado) solo responde a las necesidades de financiamiento del Gobierno y es simplemente para financiar el déficit en el que ha incurrido el país en el último período.
El problema básicamente es de déficit fiscal causado por los shocks externos de la economía como la caída del precio del petróleo y la revalorización del dólar.
Para financiar ese déficit, la única vía que tenía el Gobierno era subir impuestos, por eso impulsó la Ley de la Plusvalía, por ejemplo. Pero una forma más rápida de acceder al financiamiento es el endeudamiento externo y es lo que ha hecho con las emisiones de bonos.
El Gobierno no ve ningún problema en adquirir nuevas obligaciones, porque en sus cuentas, con los cambios realizados a la forma de cálculo de la deuda, recién está llegando al límite técnico del endeudamiento público permitido por la Constitución que es del 40% del Producto Interno Bruto.
No hay nada ilegal ahí, porque el Gobierno puede endeudarse hasta el último minuto antes de dejar el poder. Pero el problema no es tanto el endeudarse, sino la tasa de interés a la que nos estamos endeudando.
Volver a los mercados internacionales no es malo, lo que pasa es que las condiciones no han sido las óptimas. En el mercado financiero internacional hay mucho dinero disponible, pero el Riesgo País es lo que nos afecta. Mientras más elevado sea ese índice mayor es la tasa que debemos pagar por emitir bonos.
Desde una óptica objetiva no hay cómo satanizar el nuevo endeudamiento público, llámese agresivo o no, porque ha sido para la inversión. Es como si alguien se endeudara para adquirir un bien que le va a generar rentas después, como una casa que luego puede ser alquilada.
Aunque los shocks externos sumados al efecto del terremoto del 16 de abril han incidido en las cuentas fiscales y los recursos para la inversión, eso no significaba que el Gobierno iba a dejar de invertir, solo lo hace en menor proporción. Pero lo que básicamente pretende es dejar cerrados los indicadores de su plan plurianual de inversiones que están entre los documentos técnicos del Ministerio de Finanzas.
El Gobierno no quiere dejar ningún cabo suelto, ni que le digan que no ha hecho sus tareas; busca cumplir con su plan plurianual de inversiones hecho entre el 2013 y el 2017 y por eso no iba a dejar de invertir. Es un tema más de ideología que se une un poco a lo técnico.
La lógica del Gobierno ha sido no importa endeudarme siempre y cuando esos bienes en los que voy a invertir me van a dar un retorno. Lamentablemente eso todavía no ocurre y por eso el gran problema que tiene es el déficit fiscal. Pero ese es un déficit fiscal no estructural que se va a corregir cuando entren en funcionamiento obras como las hidroeléctricas.
Pero el problema no es para ahora, es para después porque las futuras generaciones tendrán que hacer frente a las nuevas responsabilidades adquiridas. El próximo Gobierno, por ejemplo, tendrá que esperar factores exógenos para obtener una mayor liquidez, como esperar una subida de los precios del petróleo.
¿Cuál sería la antítesis de todo este endeudamiento público? Promover y atraer la inversión extranjera o fomentar mayores exportaciones, pero lamentablemente con un dólar fuerte y el año político electoral que estamos viviendo el comercio exterior tiene un entorno complicado y tampoco existen las condiciones para atraer nueva inversión extranjera.