El Consejo Nacional Electoral (CNE) salió a ratificar que la base del Registro Electoral tiene una construcción técnica, tras denuncias en las redes sociales sobre personas fallecidas que constan en el Padrón Electoral.
La información contenida en el Padrón, según el CNE, fue proporcionada por el Registro Civil y fue actualizada del 7 al 21 de septiembre del 2016, período en el que se habían presentado 99 reclamos.
Según un comunicado del CNE, el 2 de octubre se realizó el cierre técnico del Registro Electoral y el 4 de octubre, el pleno lo aprobó en un proceso que contó con la participación de observadores internacionales.
Sobre las denuncias en redes sociales de personas fallecidas y desaparecidas que constan en el Registro Electoral, el CNE argumentó que el Registro Civil tiene la competencia de eliminar “de la lista de cedulados, los nombres de las personas fallecidas, y mantendrá actualizados los archivos e informará al Consejo Nacional Electoral cuando esta entidad lo requiera”.
Las autoridades del CNE han señalado públicamente que el Registro Electoral tiene un mínimo margen de error, debido a los constantes cambios en los datos de identidad de los ciudadanos, que no son debida y oportunamente actualizados ante la autoridad competente.
“Cabe recalcar que el CNE en conjunto con las organizaciones políticas, realizaron auditoría al proceso de actualización del Registro Electoral. Incluso, está previsto que luego de realizarse los comicios, habrá una nueva auditoría para garantizar que los votos registrados en cada junta, corresponden a los ciudadanos que efectivamente se acercaron hasta allí para sufragar”, dice el comunicado del CNE.
Este sábado, el presidente del CNE, Juan Pablo Pozo, indicó en Twitter que dispuso que todo caso con presunta inconsistencia se remita por escrito al Registro Civil para que informe de cada uno.
La polémica saltó a las redes cuando el candidato a la vicepresidencia Andrés Páez publicó en su cuenta en Twitter sobre el empadronamiento de los hermanos Santiago y Andrés Restrepo Arismendi, desaparecidos desde 1988, durante el gobierno de León Febres Cordero, un caso que ha sido catalogado como crimen de lesa humanidad.
María Fernanda Restrepo Arismendi, cineasta y hermana de Santiago y Andrés, escribió en Facebook que en los últimos 28 años ha sido así y al no existir una partida de defunción, ellos siguen empadronados y el Estado sigue en deuda.