El presidente de la República, Rafael Correa, ha cumplido su promesa y tras volver de los funerales de Fidel Castro en La Habana ha enviado a la Asamblea el proyecto de Ley de Plusvalía que grava con hasta un 75% la ganancia extraordinaria en la venta de bienes inmuebles.
Según la exposición de motivos, “históricamente, reducidos segmentos de la sociedad han obtenido ganancias extraordinarias ilegítimas provenientes de la especulación en la tenencia de bienes inmuebles”. Eso debido, entre otros factores, a la inversión del Estado en la obra pública.
Pues tal cual estaba contemplado en el proyecto de Ley enviado originalmente en el 2015, que provocó grandes manifestaciones en las calles de Quito, la nueva normativa grava con tarifa cero las ganancias extraordinarias de hasta 24 salarios unificados (8.784 dólares) y con hasta el 75% las ganancias extraordinarias que superen ese techo. Es decir, si la ganancia extraordinaria por la venta de un bien inmueble es de nueve mil dólares, el ciudadano tendrá que pagar al Estado un impuesto de 6.750 dólares.
Y al igual que en 2015, el proyecto ha sido enviado con el carácter de económico urgente; es decir, debe ser aprobado en 30 días. Solo que ahora se lo envía a las puertas de las elecciones de 2017. ¿Para qué? Difícil saberlo, porque los argumentos para defender ese proyecto de Ley no han cambiado, son los mismos de 2015. Es el argumento de los ricos malos y el Gobierno como defensor de los pobres.