La asamblea de profesores, funcionarios y estudiantes de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, reunida en su paraninfo el 19 de diciembre de 2016, resolvió por unanimidad:
1. Rechazar de manera categórica la reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior, mediante la aprobación en segundo debate del “proyecto de ley orgánica de extinción de las universidades y escuelas politécnicas suspendidas por el CEAACES y mecanismos para asegurar la eficiencia en la distribución y uso de recursos públicos en el sistema de educación superior”, por vulnerar el derecho a la educación, atentar contra la autonomía universitaria y ser inconstitucional.
2. Declararse en sesión permanente, ejerciendo el derecho a la resistencia, para precautelar los intereses de nuestra Universidad y del sistema de educación superior, gravemente amenazados por el mencionado proyecto de ley.
3. Respaldar las gestiones –realizadas y por realizarse– del rector Jaime Breilh Paz y Miño para defender los derechos constitucionalmente reconocidos de la UASB.
4. Convocar a las autoridades, docentes, funcionarios y estudiantes de las universidades del país para defender la autonomía universitaria y el derecho a la educación superior.
5. Rechazar en particular el intento del gobierno nacional de centralizar la decisión sobre asignación de becas para posgrado.
6. Pedir a todos los candidatos a la Presidencia de la república su pronunciamiento público sobre este tema.
7. Convocar a movimientos sociales, organismos no gubernamentales, instituciones académicas e intelectuales nacionales e internacionales para que, como en otras oportunidades, se sumen a la lucha en defensa de la autonomía universitaria.
8. Iniciar las acciones jurídicas correspondientes, a nivel nacional e internacional, para impedir que este proyecto tenga validez y efecto jurídico.
9. En lo particular, rechazar la composición propuesta por el senador Luis Fernando Duque para la Comisión de seguimiento a la situación jurídica, financiera y administrativa de la Universidad, dado que no cumple con las esperadas características de solvencia e imparcialidad como lo definió el pleno del Consejo Superior el 21 de noviembre.