La Corte Constitucional calificó la constitucionalidad de la pregunta planteada por el presidente Rafael Correa sobre los funcionarios públicos y los paraísos fiscales y dando luz verde para que el Consejo Nacional Electoral (CNE) convoque a una consulta popular.
¿Está usted de acuerdo en que, para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público, se establezca como prohibición tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales?, es la pregunta que propuso Correa para una consulta que coincida con las elecciones.
La Corte deberá notificar al CNE que deberá aprobar un calendario de convocatoria a consulta popular para que coincida con las elecciones generales del 19 de febrero de 2017.
Según la propuesta de consulta popular de Correa, ningún funcionario público o candidato por elección popular pueda tener capitales o empresas en paraísos fiscales. De aprobarse la consulta, los candidatos ganadores tendrán un año de plazo para desprenderse de sus bienes o capitales en esos paraísos fiscales o traerlos de vuelta al país, dijo ante los vocales de la Corte.
Para fundamentar su pregunta, el presidente Correa dijo que entre 2014 y 2015 salieron casi tres mil 379 millones de dólares, cantidad equivalente a reconstruir íntegramente las zonas afectadas por el terremoto de abril, en Manabí y Esmeraldas.