La empresa china CETC Internacional demandó por daños y perjuicios a Ecuador y reclama una indemnización de alrededor de $280 millones, por la terminación unilateral del contrato firmado con el Estado en 2009 para realizar vigilancia aérea en la frontera norte ecuatoriana se suscribió. El contrato ascendía a $60 millones.
Los equipos fueron colocados en cuatro puntos estratégicos, pero no se pudieron realizar las pruebas de aceptación, denominadas SAT, por lo que nunca funcionaron.
La entonces ministra de Defensa María Fernanda Espinosa anunció en mayo de 2013 que el anticipo de $39 millones que se entregó a la empresa fue recuperado, incluida una garantía de $3 millones.
“El asunto radares está saldado, el banco ha honrado su compromiso de la restitución de las garantías y de los montos por fiel cumplimiento, es decir, el Ecuador ha recuperado íntegramente los fondos asignados a la compra de radares”, dijo Espinosa en ese momento. Y en julio de ese año, el representante de la empresa, Sheng Zhangfu, presentó la demanda.
El Ministerio de Defensa había solicitado se declare el ‘abandono’ de la causa, pero el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito negó el recurso el 21 de junio pasado, pues al momento de la presentación del escrito, el 16 de abril de 2015, “el tiempo referido no ha superado el plazo prevenido” en el Código de Procedimiento Civil, destaca diario El Universo.
El ministro de Defensa, Ricardo Patiño, anunció el 27 de octubre pasado que hasta finales de diciembre se prevé que empiecen a operar cuatro radares de vigilancia aérea que se adquirieron a la compañía española Indra, con un crédito proveniente del Deutsche Bank (entidad bancaria alemana), por $112 millones.