El presidente Daniel Ortega ganó las elecciones presidenciales de Nicaragua. Con el 21,3% de las mesas electorales escrutadas daban como ganadores a Ortega y su esposa, Rosario Murillo, con un 71% de los votos. A esa hora, en varios puntos de Managua estallaron manifestaciones de celebración por parte de los simpatizantes del Frente Sandinista. Ortega lograba de esta manera su tercer mandato consecutivo, instaurando en ese país una nueva dinastía familiar, con su mujer, vicepresidente, en la línea de sucesión constitucional si el presidente llegara a faltar.
La oposición había informado horas antes que la participación en el proceso había sido escasa, con un “triunfo” de la abstención.
Con este resultado Ortega intenta legitimar su mandato y demostrar el apoyo a su modelo de gobierno autoritario, basado en una alianza con el sector empresarial, exclusión de la oposición, acoso a la prensa independiente y control total de todas las instituciones del Estado.
Un modelo instaurado desde 2007, cuando regresó al poder tras 16 años liderando la oposición, y que ahora comparte oficialmente con su mujer. En Nicaragua, el poder queda en familia.
Ortega, sin embargo, se enfrenta a un país fracturado políticamente, con un contexto internacional cada vez más desfavorable. El gran combustible que ha permitido a Ortega desarrollar un sistema de dádivas con los más pobres comienza a menguar. La crisis política en Venezuela ha hecho que se reduzca la tan necesaria cooperación petrolera, valorada en más de $3.500 millones manejados de forma discrecional desde 2007.
A eso se une las presiones de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuyo secretario general, el uruguayo Luis Almagro, preparó un informe sobre la situación política de Nicaragua que no ha sido presentado públicamente y que ha obligado a Ortega a pedir una negociación directa con el organismo.
Ortega se mantendrá en el poder por cinco años más y está por verse qué maniobras políticas liberará para mantenerlo por más tiempo. Ya cuenta con su sucesora, la poeta Murillo, un personaje que sin embargo no tiene el visto bueno de los empresarios y sectores de influencia dentro del Frente Sandinista.
El opositor Frente Amplio por la Democracia (FAD), en cambio, desconoció las elecciones generales celebradas el 6 de noviembre del 2016 por considerar que hubo un índice de abstencionismo superior al 70%. Los principales líderes del FAD ofrecieron una rueda de prensa la noche de este domingo 6 de noviembre de 2016, cuando aún el Consejo Supremo Electoral (CSE) no daba a conocer el primer cómputo oficial de los comicios.
“Se trata de la mayor abstención observada en elección alguna en los últimos 30 años. Es la expresión masiva del rechazo a la farsaelectoral y la culminación de la ilegitimidad”, dijo Violeta Granera, coordinadora de la alianza de fuerzas políticas. Luis Callejas, excandidato presidencial de la excluida Coalición Nacional por la Democracia (CND) dijo que según observadores movilizados por esa agrupación, entre un 75 y un 78% de los electores no fueron a las urnas.