Las empresas de medicina prepagada no podrán dar por terminado los contratos corporativos durante seis meses, según dos resoluciones de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado.
El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) había solicitado el 17 de octubre de este año medidas cautelares en contra de esas empresas para evitar la terminación de contratos corporativos y un incremento en el precio de las tarifas, tras la aprobación en la Asamblea de la Ley de Medicina Prepagada que les obliga a reembolsar al IESS o centros de salud del Ministerio de Salud (MSP), en caso de que un paciente decida atenderse directamente o por derivaciones en estos hospitales.
Las empresas del sector habían anunciado, antes de aprobarse la ley, que esa incrementaría sus costos. La posición más drástica fue la de Salud S. A. que anunció su salida del nicho corporativo. Ahora el organismo de control dictó dos medidas preventivas en contra de las empresas de medicina prepagada y aseguradoras que oferten pólizas de asistencia médica.
La Comisión de Resolución de Primera Instancia ordenó la suspensión temporal de los efectos jurídicos de las terminaciones unilaterales de los contratos corporativos de seguro de salud y la prohibición temporal para los operadores del mercado de pretender terminaciones unilaterales de los contratos corporativos de seguros de salud por parte de las empresas privadas que ofrecen esos servicios.
Ese organismo, además, solicitó a la Superintendencia de Compañías notificar legalmente y en debida forma a sus compañías controladas pertenecientes a los servicios de atención integral de salud prepagada y al de seguros que ofertan cobertura de seguros de asistencia médica.
Las medidas fueron anunciadas por Marcelo Ortega, presidente de la Comisión de Resolución de Primera Instancia. Estas durarán 180 días, mientras se publica el reglamento a la Ley que regula a las empresas de medicina prepagada y aseguradoras que ofrecen asistencia médica.
La Superintendencia realizará un seguimiento para que las firmas privadas acaten estas disposiciones. En caso de que se incumplan estas medidas, las empresas de medicina prepagada y aseguradoras estarán sujetas a sanciones económicas que podrían ser hasta el 8% del volumen de negocio.