Tras la inminente aprobación de la ley de Medicina Prepagada, el presidente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Richard Espinosa, presentó una solicitud para que la Superintendencia de Poder de Mercado emita medidas cautelares contra las empresas de medicina prepagada.
La ley propone que las empresas privadas de seguro de salud paguen a las instituciones de la red pública, en caso de que atiendan a personas que ya cuentan con un seguro privado y sean atendidos en los centros estatales.
Según Espinosa, algunas empresas han amenazando con incrementar las pólizas o terminar los contratos con afiliados a ese tipo de sistema. Citó el caso de la empresa Salud S.A. que anunció que dejará insubsistentes los contratos con 170 mil afiliados de 600 empresas.
Eduardo Izurieta, presidente de la Asociación de Empresas de Medicina Prepagada, ha explicado que esta nueva regulación impone un costo adicional de $71 millones que no estaba financiando, lo cual genera un déficit de aproximadamente $60 millones que debe ser financiado de alguna manera.
“Para financiar ese déficit, es necesario hacer un incremento de precios de cuanto menos el 60 por ciento, al hacer este incremento se van a producir desafiliaciones masivas del sistema -ha dicho-. Toda esa gente que nosotros actualmente cubrimos, irá al Seguro Social, lo cual va a provocar una catástrofe en la Seguridad Social porque la demanda aumentará”.
El intendente general de la Superintendencia de Poder de Mercado, Cristian Ruiz, por su parte dijo que se analizará la petición del IESS aunque no dio detalles de cuáles podrían ser las medidas cautelares a aplicarse.
La Comisión del Derecho a la Salud aceptó el 6 de octubre de 2016, 13 de 14 artículos del proyecto de Ley Orgánica que Regula a las Compañías que Financien Servicios de Atención Integral de Salud Prepagada y a las de Seguros que oferten cobertura de seguros de asistencia médica objetados por el presidente Rafael Correa; eso significa que la ley entrará en vigencia en los próximos días. (I)