La Comisión de Salud de la Asamblea tratará este 5 de octubre el veto del Ejecutivo al proyecto de Ley de Medicina Prepagada, según diario El Comercio. El principal cambio sugerido por el Ejecutivo apunta a que aseguradoras y empresas de medicina prepagada reembolsen al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) o al Ministerio de Salud cuando los afiliados que tengan seguros privados opten por la red de salud pública.
La medida genera preocupación entre las empresas del sector. Por ejemplo, si una persona tiene un seguro privado que le cubre hasta $5.000 y opta por un hospital del IESS para realizarse una operación que cuesta $15.000, la empresa de medicina prepagada deberá reembolsar al Seguro Social los $5.000 de la póliza menos el deducible.
Estas empresas privadas también deberán reembolsar al Estado si los afiliados son derivados por la red pública a hospitales privados. El IESS calcula que recibirá de aseguradoras y empresas de medicina prepagada unos $70 millones al año por este concepto.
El reembolso generará un hueco financiero de $63,4 millones al año en el sector, según cálculos de la Asociación Ecuatoriana de Empresas de Medicina Prepagada (Aeemip). Y eso no contempla el pago al Ministerio de Salud, que aún no está cuantificado.
La Comisión tendrá que elaborar un informe no vinculante para luego analizarlo en el Pleno. Según la Asociación Ecuatoriana de Empresas de Medicina Prepagada, no se considera que su participación en el mercado “ha permitido aliviar la presión en el sistema de salud público”.
Las empresas analizan, además, la base legal de la medida. El artículo 367 de la Constitución señala que “el sistema de seguridad social es público” y el artículo 371 que la seguridad social se financia con aportes de los afiliados, empleadores y del Estado. “No se transfiere esa responsabilidad a los seguros privados o a la medicina prepagada”, dice Pablo Albuja, gerente de Humana.
Unos 430 mil usuarios de la medicina prepagada son, además, afiliados al IESS. Humana aún no ha cuantificado en cuánto caería la demanda de pólizas por el ajuste de precios. (I)