En el acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Revolucionarias de Colombia (FARC) en lo que tiene que ver con las implicaciones con la frontera del Ecuador tiene tres instancias a corto, mediano y largo plazo. A corto plazo el mismo ministro Defensa, Ricardo Patiño, ha dicho que habría que reforzar la frontera por toda la incertidumbre que genera el acuerdo en sí, sobre todo por los elementos que contiene. Es un reforzamiento de la frontera con personal militar, esto significa mantenimiento en armas, traslado, logística. En primera instancia, es un gasto.
A mediano plazo poco a poco el proceso se articulará hacia la sociedad civil; por ejemplo, en el D+1 (día uno), las FARC deponen las armas y eso significa que habrá una movilidad exclusivamente ciudadana al interior de las comunidades y zonas rurales donde ha estado ubicado este grupo, amparada en el marco gubernamental de seguridad.
A largo plazo se prevé desmilitarizar la frontera, es decir que se podrá contar con mayor número de uniformados para el control interno de nuestra soberanía –esto debido a las últimas reformas constitucionales- evidentemente el tema de gastos logísticos disminuirá, pero el impacto tiene que ver con la movilidad humana: refugiados y solicitud de refugiados.
En Colombia los impactos económicos, ambientales y sociales son muy altos, por ejemplo alrededor del 5% en pérdidas del PIB (Producto Interno Bruto), miles de hectáreas deforestadas, más de cuatro millones de barriles de crudo derramados en los últimos 35 años, minería ilegal, en lo social seis millones de desplazados. Esas cifras en Ecuador impactan también, aunque no es fácil revertirlas únicamente son la firma del acuerdo de paz porque incluye muchas expectativas en los marcos de su cumplimiento; ahí viene la postura de aquellos que están a favor del plebiscito y los que están en contra.
Ese precisamente es el punto neurálgico. Porque una vez que se construye y se logra la paz hay que mantenerla para que sea positiva. El Índice Global de la Paz y el Instituto Económico para la Paz afirman que es necesario tener ciertos pilares y claro, uno de esos pilares corresponde al tema social en la manera de lograr esa reinserción, no solo de los guerrilleros sino de las personas que estuvieron involucradas en estas zonas. La idea es tener un manejo adecuado de inserción en la política pública de manera eficiente y efectiva, no solo a través de programas de desarrollo rural y sostenible, que sí ha tenido el gobierno colombiano, pero que no ha sido completamente inclusivo con las realidades agrícolas o las realidades mineras, por ejemplo. Importante considerar que detrás de este conflicto existen redes clientelares importante que podría debilitar el cumplimiento de este acuerdo. Entonces es una tarea muy compleja: estos casi cuatro años de proceso de negociación son recién el inicio.
No es que con la firma del acuerdo de paz se termina el conflicto, los que sí se espera es un decrecimiento inmediato y paulatino en la violencia, pero evidentemente, después de la firma empieza el proceso de paz real.
El primer paso es la deposición de las armas porque eso quita un condicionamiento de ser escuchados, de ser visibles a través de la violencia. En el fondo esto fortalece la democracia en Colombia y en la región porque se abren espacios de diálogo, de cooperación y de respeto en dinámicas económicas y sociales.
¿Qué pasa con quienes no están de acuerdo con el proceso de paz en las filas de las FARC? Si bien es cierto que hay un porcentaje de gente que no ha sido involucrada a la fuerza, la gran mayoría de las personas vinculadas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia han visto en este grupo su forma de vida. Entonces, ahí lo que está presente es la ausencia del Estado en los niveles de satisfacción de las necesidades reales de esa población.
Por ejemplo, al analizar temas ocurridos en la frontera como los efectos de las fumigaciones con Glifosato, Angostura, etc., se nota que existen poblaciones que dependen del cultivo de coca por la inexistencia aparente de condiciones favorables para su desarrollo. Son zonas rurales que han sido excluidas periódica e históricamente y que de mantenerse esta relación podría ser riesgosa para la estabilidad del proceso.
Uno de los pilares es la justicia, pero no entendida como una forma vengativa en relación a quienes cometieron actos violentos sino que debe existir un respeto hacia las víctimas y esto debe ser construido en sociedad. Es decir, hay actos de violencia que no deben ser ocultos, que deber ser castigados pero al mismo tiempo las víctimas deben ser parte de este proceso para que se sientan identificadas con esa reparación de sus derechos, no solo consistente en el castigo; sino considerar a las víctimas dentro de esas sentencias que se comienzan a determinar. Transparencia en el proceso y reparación a las víctimas.
Entonces, el hecho de cerrar los casos como si nada hubiese pasado, no sólo le quita legitimidad al acuerdo, quizá ese es el punto neurálgico de la propuesta del Uribismo hacia el voto negativo para el acuerdo que se realizará el próximo domingo. Sino que se corre un riesgo a perder la confianza en la construcción de paz, pues parecería que se incentiva la impunidad y se de amnistía a todo el mundo. Ese es un tema que se abre ahora y por eso reitero que es un momento histórico interesante de transición que vive Colombia, esa Colombia que quieren los colombianos, todos. Están frente a la oportunidad de construir paz a través de la tolerancia, a través del respeto y a través de la inclusión, de esas diferentes realidades entre lo urbano y lo rural, que son muy típicas en Colombia y América Latina.
Uno de los pilares para la construcción de lo que se conoce como la paz positiva no solo es la inclusión en estos programas, hay que recordar que durante el Plan Colombia existieron incentivos del gobierno colombiano en temas agrícolas específicamente en zonas rurales, que no alcanzaron la eficiencia esperada pues no satisfacía las necesidades de las poblaciones abordadas. Tampoco la solución inmediata del acuerdo busca llegar a un nivel de satisfacción económico total, sino en ampliar el espectro democrático de esas zonas, se considera una mayor representación política en la etapa de transición lo que no sólo beneficia el ingreso de recursos sino que estos estarán destinados a la satisfacción de necesidades específicas. Si bien es cierto que hay una parte económica del día a día, también es importante ampliar el abanico de discusión hacia las políticas públicas, hacia el territorio. Reitero, ahí está la relación entre la realidad urbano-rural que vive Colombia.
El proceso de paz en Colombia tiene dos consideraciones. Por un lado, se requiere paz, el problema es histórico y es el de más larga duración que tiene América Latina en la actualidad, pero no quiere decir que con la firma quedan resueltas problemáticas al interior de Colombia o de la región. Esta paz con Colombia es de gran responsabilidad también para América Latina, considerando que los países de la Celac estarán involucrados en el cumplimiento del acuerdo. Con los conflictos internos que viven países en la región, Brasil y Venezuela; frente al aparente cambio de timón en los gobiernos latinoamericanos, Perú y Argentina, La región vive tiempos de cambios y transiciones que pondrán a prueba instituciones, intereses e ideologías; otra oportunidad más para aprovechar este acuerdo de paz y fortalecer la democracia en la región; esto es, a través del diálogo y la tolerancia en temas económicos y sociales que permitan la reconciliación al interior de Colombia y de América Latina con su historia.
Por tanto, algo para multiplicar de este proceso de paz es que la democracia debe ser fortalecida, una democracia no violenta, tolerante, una democracia que abra oportunidades, incluyente y con justicia para toda la sociedad civil.