Me presento disfrazado.
Descartes
Así se fabrican las narrativas del poder. El informe del Estado ecuatoriano en la reciente sesión del Comité de DDHH de Naciones Unidas es el flamante elemento de la gran narrativa del correísmo. En Ginebra, el canciller Guillaume Long lo usó para poner en marcha el sentido hegemónico de un proyecto que hoy acumula un archivo destinado a la despolitización de la sociedad civil y a su control. Este reciente informe, junto con el Plan Familia, el tristemente célebre Código de Ciclo de Vida, el omnipotente Código Integral Penal, son documentos orquestados a lo largo de estos años con la misma directriz.
En su discurso, que es eso y no un informe de rendición de cuentas, Long afirma: “nosotros creemos firmemente en la sociedad, y por ende en la sociedad civil. Pero hay que tener mucho cuidado que la denominación sociedad civil no sirva de disfraz”. La imagen del “disfraz” es enormemente reveladora, desconoce la capacidad de acción de la sociedad civil a fin de dominarla, en una constante que ha ido eliminando nuestras posibilidades reales de participación.
El Código de Ciclo de Vida hacía de los “adolescentes infractores” y la niñez delincuentes a priori. Si bien se archivó, algunos de sus artículos pasaron a otras leyes, hoy vigentes. El Plan Familia somete a la sociedad al control del Estado sobre su vida privada y su reproducción. El COIP, lo sabemos, es la joya de la corona del poder punitivo del Estado, véase de nuevo el Decreto 16. La ley de tránsito, la Ley Orgánica de Educación Superior, que, pensaríamos, son menos reveladoras, sin embargo están redactadas al mismo tenor: la sociedad, las organizaciones y las instituciones se ven incesantemente sujetas a demostrar su inocencia y a rendir cuentas que llegan a puntos kafkianos.
No sólo es necesario desmovilizar, también es deseable agotar a los usuarios del sistema de justicia por medio de rutas que aparecen infranqueables. El rostro de esta sociedad es una burocracia separada a tal punto de las vidas humanas, que ya no lo vemos, ha escrito Zygmunt Bauman. Este proyecto político se ha distinguido por eso: ha sometido a procedimientos interminables a personas que jamás habrían tenido que verse arrastradas por procesos penales. En este gobierno, la población privada de libertad se ha triplicado. Hay un expediente, un proceso, una maquinaria dispuesta a aplastar por represión y cansancio a cada una de esas personas, entre las que se cuentan estudiantes, mujeres presas por abortar y dirigentes indígenas.
En este contexto, el discurso del canciller Long en Ginebra, aplaudido por su barra brava en un acto sabatinesco risible, es coherente con un proyecto obseso de control social y represión. Quedan desnudadas allí una vez más sus estrategias, hoy a escala internacional y con una participación lamentable.
“Hoy, cualquier opositor derrotado en las urnas de forma democrática, puede autoproclamarse defensor de los Derechos Humanos, crear una ONG con dos o tres personas, y ser recibido en las más altas esferas de la gobernanza internacional, incluso, a veces, con mayor credibilidad que los Estados”, continúa Long en su informe, cuestionando el derecho de las personas a ser escuchadas en organismos internacionales. En El Vaticano, en abril, Rafael Correa afirmó algo similar: “Aquí se ha hablado de la importancia de la sociedad civil en la sociedad, yo les digo: hay que tener mucho cuidado con aquello”. Long no hizo nada más que reciclar fragmentos de la narrativa del poder para repetirnos sus máximas: hay plena libertad de expresión, hay conciencia de género, hay progresión de derechos, se respira felicidad.
Esta manera de falsear la realidad, por supuesto, ha tenido consecuencias devastadoras en Ecuador. El olvido y la suplantación de esta historia por la otra, la de una represión creciente y el fracaso de un proyecto, también constribuyen a desmovilizarnos. A fin de contrarrestar esto, doce colectivos de la sociedad civil rindieron sus informes paralelos en Ginebra, para disputar el sentido de la narrativa correísta. Al hablar de sociedad civil, es necesario mirarla en su diversidad, distinguirla y no pasar por alto que, en el contexto ecuatoriano, es sinónimo de un movimiento plural de resistencia real: Saraguro es un ejemplo reciente y nítido de esto. Maestros, jubilados, estudiantes de secundaria, feministas, activistas por el Yasuní, pueblos indígenas: son resistencia y la búsqueda de una respuesta.
Como ningún otro proyecto político reciente, el correísmo absorbió las luchas de la sociedad civil a fin de consolidarse a escala internacional como un gobierno progresista. En un momento dado, Montecristi fue el punto de convergencia de todos los derechos, a los que prometía un movimiento único de progresión: derechos sexuales, reproductivos, derechos de la naturaleza, reformas en el sistema penal. Tras la instrumentalización de la sociedad civil para alcanzar legitimidad tiene lugar su negación.
Hoy, Guillaume Long, hablando por el Estado, afirma que la delegación de la sociedad civil en Ginebra se representó solo a sí misma y a los intereses que la financian. Si estas personas no se representan sino a sí mismas y no reflejan la sociedad de donde provienen, como ha dicho Long, si fueran un grupo de mujeres afectadas por el Estado ecuatoriano, ¿es menos legítima su presencia? Y cuando esa misma sociedad civil no viaja ni a Ginebra ni a Washington y trata de defenderse dentro del país, con la única opción que tiene que es el sistema nacional de justicia, ¿también está difrazada? Para defender y defenderse, al parecer, es necesaria la alta representatividad de una sociedad a la que el correísmo ha pretendido homogenizar y reducir a una masa manipulable.
¿Qué es lo que vibra, según el Sr. Long?
En su discurso, sin embargo, Long habla de una “sociedad civil vibrante” para introducir, por ejemplo, el “éxito” del Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales (SUIO). Este reglamento, supuestamente orientado a promover la libre asociación de las personas, en realidad hace lo contrario y ha llegado controlar no solamente organizaciones, sino también cajas de ahorro y pequeñas asociaciones. El gobierno cuenta más de 70.000, con lo cual se refleja claramente el grado de control que se ha ejercido sobre la sociedad civil organizada y sus iniciativas, y no su “carácter vibrante”, como califica Long las agresiones permanentes del gobierno nacional contra la movilización social. ¿Qué es lo que vibra, según el Sr. Long?
Se puede discutir la real efectividad del Comité de DDHH de la ONU, cuestionar la real imparcialidad de sus miembros o el funcionamiento de su sistema, en donde conviven Estados miembros, embajadores y representantes cuya independencia es relativa. Pero es innegable lo que ha sucedido en los hechos: en esa sesión, el gobierno ecuatoriano ha confundido propaganda con rendición de cuentas. El Comité de expertos ha escuchado con atención a la sociedad civil ecuatoriana, cuyas representantes han logrado denunciar la violación constante de derechos humanos en Ecuador, con una valentía muy necesaria hoy en este país. El Comité de expertos hará una serie de recomendaciones al Estado ecuatoriano el día 11 de julio. El Estado está obligado a acogerlas, a partir de las denuncias de una sociedad civil a la que no reconoce, por eso es necesario acudir a cortes internacionales.
La sociedad civil crece y se multiplica en luchas, agendas y estrategias a escala global, respondiendo sobre todo a Estados represores cuya forma de gobierno privilegia el control para ir removiendo el diálogo del conjunto de interacciones posibles. Lo que ha sucedido en Ginebra reafirma la necesidad de sostener estas luchas, ante la perpetuación de un socialismo que no fue, ante una derecha que vendrá voraz a desmontarlo todo a ciegas, ante un presente que quiere arrebatarnos el sentido de la memoria y la posibilidad de narrarnos.
Si se acusa a la sociedad civil de disfrazarse, cabe abrazar el disfraz, llevarlo con gracia y presentarnos a resistir. Por lo menos, estaremos a tono con la comedia montada.