Un juez de la Unidad Judicial de Tránsito de Quito abrió la posibilidad a que se presenten nueva demandas en contra del Municipio de Quito y la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) por el tema de las fotomultas cobradas por exceso de velocidad y que no hayan sido notificadas a tiempo. Unos 40 ciudadanos solicitaron la nulidad de multas porque presuntamente no fueron notificadas en el tiempo que demanda la ley.
El juez a cargo del caso, Víctor Romero, escuchó a ambas partes. Por un lado a los demandantes, quienes presentaron documentos donde constan citaciones sobre multas que no fueron notificadas por la AMT, según Danny Gaibor, abogado de 40 ciudadanos involucrados. En cambio, la AMT, según el portal web de diario El Comercio, presentó un informe solicitado por el juez donde se detallan las notificaciones que ha realizado la AMT, las respectivas sanciones y si los involucrados las han pagado.
El abogado Gaibor señaló tres pedidos: la nulidad de las multas, el reconocimiento de violación a derechos constitucionales y la devolución del dinero a los ciudadanos que pagaron las infracciones de tránsito sin ser notificados a tiempo. La AMT rechazó las acusaciones al igual que representantes del Municipio y la Procuraduría General del Estado (PGE).
En su fallo el juez manifestó que su fallo es interpartes, es decir, que unicamente afectará o beneficiará a los 40 ciudadanos implicados en el caso. Asimismo resolvió que de acuerdo a las garantías constitucionales se acepte parcialmente el recurso de protección, al observarse violaciones constitucionales en el proceso de notificación de multas.
El juez enfatizó que solamente a las personas que se comprobó que no fueron notificadas por ningún medio, se les suspenderá las multas. Por eso, solo se dejó sin efecto las sanciones por fotomultas a tres ciudadanos, de los 40 involucrados en la demanda. El juez también mencionó que se respeta el derecho que tienen las partes, una vez que reciban la sentencia, de apelar el fallo ante un organismo superior.
El abogado de los 40 afirmó que el fallo se apelará ante la Corte Provincial de Justicia porque abre la posibilidad de que en la apelación se amplíe el número de personas beneficiadas con el recurso de protección. “Inclusive podemos presentar una acción extraordinaria de protección para que sancione la Corte Constitucional”, dijo.
Medardo Tipantuña, uno de los ciudadanos sancionados, reconoció que fue multado correctamente, pero que nunca se le notificó, por lo que lamentó el fallo. Su caso es similar al de Eduardo Cantuña, quien declaró que por medio de un servicio de courier se notificó su sanción, pero aparentemente un mes después de registrarse la infracción. (I)