Un grupo de migrantes cubanos inició la semana pasada una huelga de hambre en el denominado Hotel Carrión, de Quito, o “centro de acogida temporal para extranjeros en proceso de deportación”, como lo llaman las autoridades competentes. La existencia de este espacio hay que entenderla en un marco estatal contradictorio donde existen principios constitucionales progresistas, y a la vez, acciones regresivas y restrictivas con respecto a la movilidad humana.
Una Constitución garantista de la movilidad humana, pero…
En materia migratoria, la Constitución de 2008 emergió de un importante proceso social, en que organizaciones sociales que trabajan en temas migratorios (incluyendo asociaciones de migrantes) tuvieron un papel predominante para proponer un marco de derechos en torno a la migración. Este marco constitucional es de hecho uno de los más progresistas de la región. Por ello contamos con varios artículos constitucionales directamente relacionados con movilidad humana que van desde la equiparación de los derechos de las personas extranjeras con los de los ecuatorianos, la libre movilidad, el reconocimiento de familias transnacionales, el derecho a la representación política de la comunidad migrante que vive en el extranjero, la no consideración de los migrantes como “ilegales”, la no discriminación ni criminalización de los extranjeros por su condición migratoria, e incluso la progresiva transición hacia la eliminación de la condición de extranjero y la adopción de un principio bastante complejo como es la ciudadanía universal.
A pesar de estos principios constitucionales tan progresistas, la práctica estatal dista mucho. Pese a la Constitución garantista de 2008 todavía no hemos cambiado la Ley de Migración de 1971, ley que se creó en el contexto de la dictadura, que tiene un enfoque únicamente de control y seguridad y no de derechos. Esta Ley es la que está vigente y por supuesto es obsoleta frente a la realidad migratoria contemporánea e incompatible con la Constitución. Desde 2008, además, ha habido una serie de retrocesos y ambigüedades con la política migratoria. En 2009 se promulgó el libre visado para entradas de hasta 90 días. Pero, solo unos meses más tarde, se re impusieron visados para 10 países. Más tarde, se han tomado medidas que han afectado directamente el proceso de regularización como la negativa en legalizar títulos o el incremento del alza de visados. Medidas que han afectado directamente a ciertas poblaciones y que las confina a la irregularidad.
¿Un ‘hotel’ donde se sigue el debido proceso?
En 2013 se creó el Hotel Carrión que es un centro de detención para migrantes irregularizados previo a su proceso de deportación. La creación de esta instancia llama mucho la atención pues los migrantes están detenidos, aun cuando se apela a un principio de no discriminación, y no criminalización por condición migratoria. Es más, idealmente en un país de “libre movilidad” (como supuestamente el Ecuador es), ni la migración irregularizada, ni centros de detención como el Carrión deberían existir. De acuerdo a informes de ONG que trabajan en materia de derechos humanos, en el Hotel no necesariamente se sigue el debido proceso y muchos migrantes están detenidos más del tiempo estipulado.
Aun cuando existe un marco constitucional progresista frente a la migración, lamentablemente en materia de migración irregularizada, tráfico y trata de migrantes el Estado ecuatoriano ha respondido fundamentalmente desde una postura securitista y de control. Postura que es común a los países centrales, como EE.UU. o los países de la Unión Europea. La existencia del Hotel Carrión hay que comprenderlo en este marco. Es decir, como un elemento más de un régimen de control y securitización frente a la migración irregularizada.
La ola migratoria de EE.UU. es mayoritaria
Ha habido, asimismo, procesos de exclusión cuando los extranjeros llegan al país y agentes migratorios no permiten su entrada. A esto se suman detenciones y deportaciones, que no son masivas como las que efectúan México y EE.UU., pero sí son un hecho que devela que perdura el rol histórico fundante de los Estados de controlar y administrar a la población que cruza o no las fronteras. Los discursos sobre el fortalecimiento de la soberanía no se han modificado y eso se ve cuando el Estado ecuatoriano un día tiene que afrontar flujos de personas que quedan en condiciones irregularizadas, y simplemente aplica normativas de control que muchas veces distan de un enfoque de derechos.
En este punto, no obstante, debemos ser muy cuidadosos frente a construcciones mediáticas que han exacerbado el racismo en tanto señalan que ‘hordas’ de migrantes han llegado al país, porque cuando se revisan los datos hay porcentajes muy menores. El Censo de 2010 indica que la población migrante representa el 1,5 por ciento de la población general. Y dentro de este dato, la población cubana llega a ser la quinta nacionalidad que más está llegando al país. En primer lugar están personas de nacionalidad estadounidense y luego de la española. Y no se ha creado una bomba alrededor de estos flujos migratorios.
La significación política que ha alcanzado la migración irregularizada en el mundo es algo sin precedentes. Los y las migrantes irregularizados se ha convertido en el otro amenazante de la seguridad nacional de los Estados, sin importar las causas de esta movilidad. En el caso de los flujos de Oriente Medio hacia Europa hay una migración forzada por conflictos bélicos. Y, en el caso de América Latina también se va convertido en un receptor de esos mismos flujos. La región está siendo afectada cada vez más por los efectos globales de las crisis bélicas, políticas y económicas que ocurren en latitudes muy distantes. Así, hasta acá llegan migraciones forzadas en busca de nuevas oportunidades de vida.
Lo que sucede en Ecuador empata con una dinámica global que tiene que ver con un régimen de securitización con controles de frontera altamente tecnologizados, en un proceso que se inicia en los 90 pero se incrementa a partir del 9-11, de los atentados en Madrid en 2004, en Londres en 2005 y 2007, en 2015 en París y en 2016 en Bruselas. Bajo una lógica de control, estos hechos dan argumentos potentes para que los Estados vuelquen su lucha contra migrantes irregularizados o solicitantes de refugio porque entre ellos puede haber supuestamente ‘potenciales terroristas’.
La extorsión económica y hasta sexual a los migrantes
Además hay que debatir seriamente sobre la configuración de industrias clandestinas altamente redituables para múltiples actores, incluyendo a actores estatales, que operan entre la legalidad y la ilegalidad. De hecho, esas industrias clandestinas habilitan el cruce fronterizo de migrantes, y en no pocas ocasiones funcionarios estatales extorsionan económica y hasta sexualmente a los y las migrantes en ruta. Esta forma de “control” estatal que imponen formas de violencia poco o nada se ha debatido o combatido. De hecho, se ha invisibilizado, y más bien la atención se ha desviado hacia los “traficantes” como si fuesen los únicos responsables de esas dinámicas. Cuando hablemos de tránsitos migratorios irregularizados y de industrias clandestinas, preguntémonos también por el rol que cumplen los Estados, por los altos beneficios económicos que obtienen y por su responsabilidad dentro de la reproducción de la violencia hacia este tipo de migración.
Si uno analiza lo que ha pasado con los flujos cubanos se revela un corredor geográfico que articula Sur y Centroamérica por el movimiento de migrantes. Un corredor en el que operan estas industrias clandestinas. En el que se mueve gente luchando por mejores condiciones de vida y a la vez hay acciones regionales que insisten en detener su paso. Por ello, en procesos de migración irregularizada hay que entender el modus operandi y la lógica de los Estados. La irregularidad de los migrantes no se da per se. No es algo natural. Es algo provocado por las medidas de control que los Estados generan.