Tras una sesión plenaria histórica de alrededor de 18 horas, una mayoría simple de senadores brasileños (55 de 81) dio luz verde al proceso de destitución o impeachment contra la presidenta del país, Dilma Rousseff, según diario El País.
La dirigente del Partido de los Trabajadores saldrá mismo por la puerta principal del palacio de Planalto, sede presidencial, en un gesto explícito que quiere decir que acata, pero no aprueba la decisión. Más tarde, Rousseff se recluirá en el futurista Palacio de la Alborada, su residencia oficial, donde se le permite quedarse en su nueva condición de presidenta espectral. El vicepresidente del país, Michel Temer, líder del Partido Democrático do Movimento Brasileiro (PMDB), asumirá la jefatura del Estado.
Lo que los senadores brasileños decidieron este jueves, de facto, es la apertura formal del impeachment, el proceso de destitución, el juicio político que discurrirá en el Senado, como máximo y a partir de hoy, durante 180 días.
En estos seis meses los 81 senadores discutirán si Rousseff cometió crimen de responsabilidad hacia la República al alterar las cuentas públicas para equilibrar los balances presupuestarios de un año para otro a base de pedir dinero a grandes bancos públicos.
Una posterior votación, que se celebrará probablemente en octubre, decidirá el destino final de Rousseff. Para entonces no servirá sólo la mayoría simple. Pero eso queda lejos. Y lo determinante es que durante todo ese tiempo la presidenta deja de ser presidenta real. El poder, automática y plenamente, pasa a las manos del vicepresidente, Michel Temer, hasta hace un mes y medio aliado político de Rousseff y ahora su peor enemigo y, en palabras de ella misma, “un traidor y el padre de los conspiradores”.
En la tribuna, los defensores del impeachment, la mayoría de partidos de centro y de derecha, hablaron de esas maniobras fiscales. Pero se refirieron más, para justificar su decisión, a la catastrófica marcha de la economía (que retrocede a razón de un 3% del PIB al año), a las sucesivas rebajas de las agencias de calificación, que ya han colocado los bonos brasileños al nivel de bono basura y, en general, a la necesidad de cambiar de Gobierno para que la perspectiva cambie.
Los defensores de Rousseff replicaron en su mayoría con un argumento simple: no se puede echar a una presidenta elegida por el pueblo, con 54 millones de votos detrás, apelando a unas maniobras fiscales que no constituyen a su juicio un delito grave o a la situación económica, porque para eso están las urnas. (I)