Edelmira Murillo Gutiérrez tenía 30 años, tres hijos y estaba embarazada del cuarto cuando su marido le clavó un hacha en el pecho el pasado agosto. Murió en aquel mismo instante en el suelo de la cocina de su vivienda en El Zapote (Honduras). Su asesino confeso alegó que estaba “cegado por los celos”. “Me dijeron que ella me pagaba mal con otro hombre, era solo para mí y no iba a permitir que eso ocurriera, por eso la maté”, dijo tras ser capturado por la policía días después del crimen, según recoge la prensa del país. Este es un capítulo más de la historia interminable de la violencia machista que en América Latina escribe sus líneas más sangrientas.
“En los últimos años, el número de feminicidios ha aumentado de manera alarmante en muchos países de la región. Según un informe reciente, de los 25 países que registran una mayor tasa de estos crímenes, más de la mitad (14) son latinoamericanos —cuatro en el Caribe, cuatro en Centroamérica y seis en Sudamérica—”, destaca el informe anual 2015 de ONU Mujeres para América Latina. Honduras, El Salvador, Guatemala y México no solo encabezan la lista con las más elevadas cifras de asesinatos de mujeres por el hecho de serlo, sino que además el número no deja de subir año tras año. Por su parte, Argentina ha protagonizado una de las más multitudinarias manifestaciones en el último año contra la violencia bajo el lema #Niunamenos. En Colombia, la fotógrafa Lineyl Ibáñez denunciaba el machismo que impregna el reggeaton en una impactante campaña en la que los violentos versos eran plasmados literalmente en una instantánea. Las movilizaciones en las calles de Bogotá en mayo de 2015 pedían de nuevo que no haya “ni una Rosa más”, en referencia a la adolescente de 14 años violada, torturada y asesinada por su novio de 16 en 2012 y que ha dado nombre a la ley contra los feminicidios en el país. En Uruguay, medio millón de personas se sumaban a las manifestaciones en la región al grito de ¡Si nos tocan a una, nos tocan a todas!
Para abordar el reto de revertir esta violencia contra las mujeres en la región, mejorar la atención a las víctimas y favorecer su acceso a la justicia, el Programa para cohesión social en América Latina (EUROsociAL) de la Comisión Europea, ha reunido en Madrid a expertos (mayoritariamente mujeres) en la materia. “Las sociedades construidas en una cultura patriarcal están basadas en la opresión. Esto hay que transformarlo a través dela igualdad como principio, pues sin ella, no hay cohesión social”, ha abierto el debate Miguel Lorente, exdelegado del Gobierno español para la violencia de género (2008-2011).
Las protestas ciudadanas se han transformado en algunos casos en leyes que tipifican la violencia de género como un delito, e incluso en el endurecimiento de las penas para los agresores y homicidas. Los avances son, sin embargo, desiguales; solo ocho de los 32 países firmantes de la Convención de Belém do Pará para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer en la región tienen leyes integrales con tal fin. Y los datos respecto a los resultados son tozudos: solo con papeles no se acaba, ni tan siquiera reduce, esta lacra. En Honduras, una mujer es asesinada cada 14 horas, revela la investigación Acceso a la justicia en caso de muertes violentas y femicidios del Centro de Derechos de la Mujer. En 2014, las víctimas mortales del machismo sumaron 526 en ese país, según sus datos. Tampoco en el capítulo del castigo y la reparación se han logrado avances significativos. Pese al aumento de denuncias presentadas por mujeres por violencia doméstica registradas por la Fiscalía Especial para la Mujer (4.992 entre 2012 y 2014), solo un pequeño número acabaron en condenas a los agresores (134).
En este sentido, Thelma Aldana, fiscal general de Guatemala, subraya la importancia de que las afectadas no solo cuenten con el marco jurídico, sino que además tengan acceso real a una justicia especializada en cuestiones de género. “Recuerdo cuando trabajaba en un juzgado de familia a 200 kilómetros de la capital. Llegaban mujeres violentadas y los oficiales les decían que se volvieran a casa y no les hicieran perder más el tiempo. ‘Tu marido hace bien pegarte porque no le tienes bien atendido’, les decían”, ha rememorado Aldana. “Esa era la respuesta del Estado guatemalteco”, ha lamentado.
Fue en 2008, con la aprobación de la Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer cuando se observó la necesidad de establecer juzgados especializados. “Dos años después, en 2010, no se había creado ninguno”, se ha quejado la fiscal. Por eso, continúa, apostaron por pedir ayuda a la cooperación internacional para montar y poner en marcha este tipo de salas con personal experto en los departamentos del país con mayores tasas de este tipo de crimen. Desde entonces, Guatemala ha pasado de ocupar la segunda posición de la región en número de asesinatos de mujeres por razón de género a la cuarta, ha indicado Aldana. En 2013, 758 murieron de manera violenta.
Además, las penas se han endurecido, tal como ha destacado lafiscal: la condena por femicidio se ha elevado a entre 25 y 50 años de prisión, y la violencia contra mujer se pena con cinco a ocho años de cárcel. Y también han subido el número de denuncias hasta convertirse desde 2013 en el delito más denunciado en el país.
En Honduras, una mujer es asesinada cada 14 horas
Sin embargo, como en el caso de Honduras, los casos que se resuelven son escasos. “El 98% de los que llegan a los tribunales no se investigan”, denunciaba Angélica Valenzuela, directora del Centro de Investigación, Capacitación y Apoyo a la Mujer de Guatemala (Cicam) hace un año en un encuentro similar en el mismo lugar para buscar soluciones a la violencia machista en América Latina. “Solo el 2% acaban con una sentencia. Y de ellos, el 35% son absolutorias”, advertía.
Desde la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados Americanos (OEA) han planteado la necesidad de que los países cumplan con los acuerdos internacionales a los que se han comprometido libremente, no solo en lo que a lucha contra la violencia machista se refiere, sino también en el registro de datos y elaboración de estadísticas. Así lo ha expuesto en su intervención en el debate celebrado en Casa América este miércoles Luz Patricia Mejía, secretaria técnica del mecanismo de seguimiento de la Convención Belém do Pará del mencionado organismo.
La falta de datos comparables y estadísticas fiables señalada por Mejía ha centrado buena parte de la conversación, al ser considerada a la vez síntoma de la invisibilidad del problema y freno para la elaboración de políticas precisas y a la altura de la magnitud del problema. “No solo se trata de tener la debida diligencia para actuar, sino también evaluar si se está haciendo bien o no”, ha añadido la experta. Irónica, Sonia Montaño, socióloga, activista e intelectual boliviana que capitaneó durante quince años la División de Asuntos de Género de la Cepal, ha dicho: “No entiendo cómo los países son capaces de calcular su PIB de manera armonizada en todo el mundo, y no se hace lo mismo con la violencia de género”.
“Ahora contamos cuántas mujeres mueren a manos de sus parejas o sus exparejas. Y los países de la región han iniciado una especie de carrera por tipificar cada cual más tipos de violencia contra la mujer, pero luego en la práctica los jueces no admiten las argumentaciones. Hay altas tasas de no implementación”, ha alertado Montaño.
Otras masculinidades en busca del hombre pacífico
La mayoría de homicidios en Costa Rica tienen por agresor y víctima a un varón respectivamente. Ocho de cada 10 asesinados son hombres, la mayoría jóvenes relacionados con el narcotráfico o las bandas. El 20% restante son mujeres, de las que la mitad tenían algún tipo de relación con su agresor. Teniendo en cuenta estos datos, el país trata de prevenir la creciente violencia centrándose en los dos grupos de población protagonistas: juventud y población femenina.
En ambos casos, ha señalado Victor Barrantes, viceministro de Paz del país, parte de la solución pasa por formar a los hombres en “nuevas masculinidades”. “Tenemos una sociedad machista y basada en estereotipos de una masculinidad hegemónica que impide a los hombres resolver los problemas de una forma pacífica y optan cada vez más por medios violentos”, detalla. Por eso, el Gobierno costarricense cree que si se fortalecen las capacidades de diálogo para la resolución de conflictos de los varones, no elegirán las vías del machete y las balas, añade.
Esa idea de formar en una nueva masculinidad de los hombres también tendrá otros efectos positivos, además de la reducción de la violencia en general en el país, por ejemplo en la mayor participación de los hombres en la crianza de los hijos. “Que todavía es una tarea que recae principalmente sobre las mujeres”, ha recordado el mandatario. “Corresponde a los hombres sensibilizados trabajar sobre ese abordaje. Existe un mayor impacto cuando hombres hablan a hombres para abordar el problema de la violencia”, ha zanjado.
En este sentido, Montaño ha añadido que la batalla contra la violencia no es algo distinto de la lucha por la igualdad. “El empoderamiento acaba repercutiendo en una menor violencia. Los femicidios son solo la punta del iceberg de las relaciones de desigualdad. Por eso, cualquier política de igualdad es antiviolencia porque busca virar las relaciones de poder”.
EL País